"Se ordena al director del área rectora de Salud Alajuela 2 que proceda a inspeccionar la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos Zúñiga, a fin de que informe a esta Sala si las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias son adecuadas para prevenir el contagio por covid-19.

“Asimismo, deberá indicar si, en caso de existir algún eventual contagiado por esta enfermedad, dicho centro penitenciario sería capaz de contener y enfrentar la propagación del virus dentro de ese mismo recinto carcelario”, se lee en una resolución interlocutoria firmada por el presidente de la Sala IV, Fernando Castillo.

El documento, emitido el 20 de abril pasado, le pide a Salud dar un informe detallado sobre la situación actual de esta cárcel, en la cual un policía penitenciario dio positivo por el nuevo coronavirus.

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Le dio un plazo de tres días para la entrega del documento, a partir de su notificación.

La disposición se da en el marco de un recurso de habeas corpus interpuesto por el abogado David Delgado, a favor de un privado de libertad que permanece en ese centro penal, pese a tener múltiples enfermedades que lo convierten en vulnerable ante la pandemia. El recurso se mantiene en estudio en la Sala Constitucional y aún no hay un fallo al respecto.

Actualmente, en la UAI hay 763 personas. Justicia aseguró, sin dar más detalles, que no hay hacinamiento; sin embargo, en el último dato compartido por ese mismo ministerio, en enero del 2020, la capacidad máxima de dicho centro era de 704 cupos, lo que implicaría una sobrepoblación de un 8%.

De hecho, por la sobrepoblación, el juez de Ejecución de la Pena, Juan Carlos Alvarado Miranda, había ordenado en julio pasado el cierre técnico de esta prisión, que es una de las cárceles más nuevas del país. Fue inaugurada en el 2017.

Se intentó conocer si se habilitaron nuevos espacios, pero Justicia no respondió a los correos con esta consulta.

Gestiones para cambio de modalidad

La llegada del nuevo coronavirus al país, el 6 de marzo anterior, provocó no solo que las puertas de todo el sistema penitenciario se cerraran a terceros, sino que también derivó en que los jueces de ejecución de la pena ordenaran sacar de las cárceles a los reos que tuvieran factores de riesgo.

La propuesta iba orientada a reubicarlos a un módelo semiabierto, tales como el régimen semiinstitucional o el programa Comunidad.

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En ese sentido, el abogado Delgado interpuso un recurso de habeas corpus al considerar que, pese a que su representado cumple con los requisitos para ser cambiado de modalidad, la autoridad penitenciaria no lo ha hecho. Señaló que esto vulnera los derechos constitucionales.

Según explicó, su cliente tiene 58 años e ingresó al sistema penitenciario el 21 de noviembre del 2016, pero no se especifica el delito. Desde el 2018 está en la UAI Reinaldo Villalobos, en el complejo penitenciario en Alajuela.

Indicó que el reo es “paciente crónico diagnosticado con diabetes tipo 2 desde hace más de 26 años y sufre de retinopatía no proliferativa en ambos ojos, así como de hipertensión, hernias, inflamación de próstata, entre otras patologías”.

Según expuso Delgado en el documento, el 31 de marzo pidió tanto a la dirección de la UAI como a la del Instituto Nacional de Criminología (INC) hacer una valoración extraordinaria a su representado, basándose en el historial clínico, en la situación sanitaria del país y en el hacinamiento del sistema.

Aunado a eso, añadió a la solicitud hecha a la administración penitenciaria que el recluso cuenta con recurso domiciliar y oferta laboral.

Tras esa gestión, agregó que la dirección de la UAI le informó vía telefónica que ese preso estaba incluido dentro de la lista de personas vulnerables que se le dio al INC. Sin embargo, acotó, no ha tenido notificación formal de esto.

Se le consultó a Justicia sobre este proceso administrativo pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

Delgado detalló que, en paralelo, ese mismo 31 de marzo interpuso un incidente de sustitución de la pena por arresto domiciliario ante el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela. Sin embargo, lamentó, no ha tenido avance “pese a la urgencia que amerita tratar situaciones sanitarias que resguarden la dignidad humana y la vida”.

Se le consultó a la oficina de prensa del Poder Judicial sobre este incidente, pero al cierre de este artículo no se ha recibido respuesta.