La Sala Constitucional no autorizó al Ministerio de Justicia a usar el gimnasio de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos, en Alajuela, como un espacio de aislamiento para prevenir el contagio por covid-19. A esa conclusión arribaron los magistrados al declarar sin lugar un recurso de habeas corpus interpuesto por la cartera en contra del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela por impedirles utilizar esos espacios para atender la emergencia sanitaria.
La jerarca de ese institución, Fiorella Salazar, interpuso la queja a inicios de setiembre al asegurar que necesitaba usar ese gimnasio porque, de lo contrario, no podría recibir presos provenientes de celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Ella insistió en que ese lugar y la cárcel de San Sebastián (que tenía en ese momento una orden judicial de desalojo) eran los únicos espacios que estaban disponibles para ese fin.
Para tener el parecer de todas las partes, la Sala Constitucional convocó a una audiencia pública que se realizó el 28 de setiembre pasado, en donde el juez de Ejecución Juan Carlos Alvarado Miranda y el defensor público Danicio Fernández enfatizaron que el colapso en cárceles es producto de una inadecuada administración penitenciaria. Es decir, dejaron ver que los problemas de hacinamiento y de recepción de reos no tenían nada que ver con la logística que implica afrontar una pandemia; sino que es un problema que se arrastra desde años atrás.
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Asimismo, le señalaron la poca disposición que tenía la administración para hacer uso del régimen de confianza, ya que a hoy existen “graves” retrasos en las valoraciones que permitirían que un reo pueda cambiar de un régimen cerrado (cárcel) a uno semiabierto. Los funcionarios judiciales aseguraron que, de usarse esa herramienta, el sistema podría verse aliviado.
Sin embargo, en la misma audiencia, Salazar aseguró que los procesos para otorgar beneficios carcelarios están al día y que, por ello, quien está tras las rejas es porque su perfil así lo requiere. El defensor Fernández de inmediato la contradijo: “Me preocupa la grave manifestación de Justicia cuando dice que las valoraciones están en tiempo. Todos los días se reciben muchas notificaciones porque hay atrasos de hasta dos años. Esa afirmación que hace (Salazar) es preocupante para los que trabajamos en la experiencia penitenciaria. Está afirmando algo que no es correcto”.