La Sala Constitucional avaló la reapertura temporal de la cárcel de San Sebastián para liberar las ya muy saturadas celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La decisión fue tomada a las 3:35 p. m. de este lunes 4 de octubre, luego de que Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, interpusiera un recurso de habeas corpus a favor de un grupo de privados de libertad que tienen más del tiempo permitido (72 horas) en esos espacios carcelarios.
En una sesión extraordinaria, los magistrados dictaron la sentencia N° 2021-022207, la cual ordena al Ministerio de Justicia y Paz que inicie con el traslado “de forma inmediata” de todos los reclusos que permanecen actualmente en celdas judiciales (más de 300) y que están pendientes de ingreso al sistema penitenciario. Según el fallo, el objetivo es que sean trasladados a algún centro penal, entre los cuales figura con especial importancia San Sebastián (con 400 cupos), el cual tenía una orden judicial de desalojo definitivo desde el 2016.
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Esa resolución de la Sala llega en un momento en el que existe tensión entre el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José y Justicia por la presión de este último en hacer ver la necesidad de reabrir esa cárcel, a falta de espacios en las restantes prisiones del país. Precisamente, el miércoles pasado una jueza de ese despacho realizó una nueva visita a esa prisión y se espera que ella determine el 6 de octubre si el cierre definitivo permanece o se levanta. Mientras ese fallo llega, la juzgadora impuso una censura al ministerio, por lo que no puede referirse a la prensa sobre este asunto.
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En el voto constitucional, los altos jueces hicieron la salvedad de que los privados de libertad solo pueden ser ubicados en espacios destinados a su alojamiento y no así en las áreas comunes. Con esto se impide, al menos por el momento, que Justicia aproveche los gimnasios de algunas cárceles como sitios de aislamiento. Asimismo, se impone “limitar el hacinamiento en las cárceles y garantizar la separación de personas según su situación jurídica, edad y género”.
Además, en esa misma resolución, la Sala Constitucional dio un plazo máximo de dos meses a Justicia para poner a operar el Centro de Atención Integral (CAI) Terrazas, ubicado en Alajuela. Las obras culminadas de esta cárcel fueron entregadas a principios de este año a la administración; no obstante, Justicia no pidió el presupuesto para ponerla a funcionar de inmediato. Eso provocó que, al menos hasta octubre, esa infraestructura de 1.248 espacios esté en completo desuso. Tras hacer las gestiones para obtener contenido presupuestario, Justicia informó en setiembre que entraría a operar a finales de noviembre.
El magistrado Paul Rueda también colocó razones adicionales. Insistió en la necesidad de que se construya y se ponga en funcionamiento efectivo un nuevo centro penitenciario exclusivo para indiciados (acusados de algún delito), tal como ha sido la recomendación dada por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT) desde el 2016.
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Por su parte, Fiorella Salazar, ministra de Justicia, indicó por medio de un breve comunicado de prensa: “En este momento llevamos a cabo las coordinaciones respectivas para cumplir la orden de manera inmediata”. Por la prohibición judicial de brindar información sobre asuntos relacionados a ese centro penal, no se pudo obtener más detalles de Justicia.
Magistrada en desacuerdo
En este voto, la magistrada Anamari Garro Vargas hizo una anotación en donde dejó ver que estaba en desacuerdo con la habilitación de esos espacios carcelarios en San Sebastián, ya que “están siendo objeto de análisis por parte del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José”. Por el contrario, para esta alta jueza, una solución sería hacer reubicaciones en el régimen de confianza por un periodo máximo de dos meses, en el tanto se habilita el CAI Terrazas.
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“Ordena a la ministra de Justicia que para reubicarlos de forma inmediata valore y autorice otros espacios carcelarios disponibles como, por ejemplo, los Centros de Atención Semi Institucional. (...) La permanencia en estos Centros será por un plazo máximo de dos meses mientras se toman las medidas administrativas que correspondan para se ponga en funcionamiento el Centro Penitenciario Institucional Terrazas, tal como por unanimidad la Sala ordenó”, señaló Garro.