El Juzgado Penal de Hacienda dictó seis meses de prisión preventiva contra un hombre de apellidos Olivas Valle, quien habría sacado dinero de la bóveda del Banco Nacional en bolsas de manila, aprovechándose de un punto ciego de las cámaras que le permitió operar de esta forma desde hace tres años.
Según informó el Poder Judicial la noche de este sábado, para los restantes imputados por el robo de ¢3.293 millones, ahora denominado Caso Gallo Tapado, se dictó impedimento de salida y la prohibición de comunicarse con testigos.
Ronald Segura, fiscal a cargo del caso, explicó que la prisión preventiva contra Olivas Valle, quien fugía como tesorero de la entidad, se logró gracias a los videos que se aportaron como prueba, en los que se muestra el modo de operar del sospechoso.
“Creemos que tenemos un caso ya muy fuerte contra el señor Olivas, hicimos una retención principal de prisión preventiva contra él, hay prueba directa en contra de él, que son las cámaras y, efectivamente, el juez se acogió a la solicitud de seis meses de prisión preventiva”, manifestó.
Los otros seis investigados que quedaron con medidas cautelares no privativas son: el jefe de tesorería, apellidado Madrigal Faerrón; tres supervisores de procesamiento de efectivo: Blanco Oviedo, Ugalde Morales y Ramírez Sandí; también un contador apellidado Hernández Saborío y una autoevaluadora de procesamiento de efectivo, de apellidos Cerdas Méndez.
“El juez está obligado a evaluar de manera integral toda la prueba, igual apelamos, vamos a ir a apelación, pero desde el punto de vista del Ministerio Público se cumplieron en gran medida los presupuestos que habíamos tenido con esta causa que era prisión ´preventiva para el autor material y medidas cautelares para las personas que de una u otra manera han facilitado esta sustracción tan grande”, agregó el fiscal.
Las declaraciones del fiscal Segura se emitieron la noche de este 11 de noviembre y fueron dadas a conocer por Noticias Repretel, Canal 6, en su edición nocturna.
Los siete investigados fueron detenidos el miércoles 9 de noviembre en allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
En esas diligencias, hubo un octavo imputado, quien se desempeñaba como oficial de seguridad privada, de apellidos Bolaños Zúñiga, pero quedó libre horas después sin ninguna medida cautelar, luego de que se le tomó la declaración indagatoria.
Inicialmente el fiscal encargado del caso buscó que se impusiera la prisión preventiva contra los siete imputados, esto para evitar se evada del país y se abstraiga del proceso penal, como ya ha ocurrido en otros casos donde investigados logran viajar a países donde no hay ley de extradición, quedando impunes.
A todos se les investiga por el delito de peculado, pues son funcionarios públicos que habrían sustraído dinero que estaba bajo su custodia. Este delito, tipificado en el artículo 361 del Código Penal, se pena con cárcel de tres a 12 años.