Un privado de libertad de la cárcel Jorge Arturo Montero, ubicada dentro del complejo La Reforma, en San Rafael de Alajuela, lleva más de un año reclamando a las autoridades que le permitan acceder a la atención médica por un caso severo de alergia, que le ha afectado en diferentes partes del cuerpo. Esto lo ha llevado a rascarse al punto que se le rompe la piel y se le producen infecciones.
El preso interpuso un recurso de amparo el 15 de enero del 2021, cuando estaba en la cárcel Reinaldo Villalobos (también dentro del complejo La Reforma), luego de que se le negara asistir a una cita tres días antes en la Clínica Marcial Rodríguez de Alajuela, debido a que había restricciones sanitarias vigentes por la pandemia que impedían ese tipo de salidas de la cárcel a menos de que lo ordenara un juez o mediante recurso.
El afectado explicó que los médicos de la cárcel le habían brindado medicamentos; sin embargo, estos no fueron suficientes para aliviar el brote.
El 27 de enero del 2021 el Tribunal resolvió que “no puede únicamente omitirse el traslado, sin realizar los trámites para la reprogramación de la cita -tal como sucede en este caso- lo cual dejaría en un estado de incertidumbre a la persona privada de libertad que requiere de la atención médica”.
El por tanto ordenaba a la entonces directora de Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos, Diana Vargas Jiménez, a gestionar la reprogramación de la cita en un lapso de ocho días a partir de la notificación de la sentencia.
En una gestión de desobediencia, del 15 de febrero de este año, los magistrados constataron que al preso se le reprogramó una cita para el 31 de marzo del 2021; no obstante, esa cita tampoco se realizó porque seguían en pie las restricciones de salida por la pandemia.
Una gestión de desobediencia es una medida que pueden tomar las personas ante el incumplimiento de una orden dictada por la Sala Constitucional.
La Sala concluyó que las autoridades de la Reinaldo Villalobos no coordinaron la reprogramación de la cita con el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero, donde fue trasladado el preso el 3 de enero del 2022. Ante esto, el Tribunal ordenó a la directora interina de la cárcel Reinaldo Villalobos, Sarita Villegas, a cumplir con las gestiones para que el privado de libertad reciba la atención necesaria.
El posible desacato de esta orden podría llevar a Villegas a enfrentar un proceso penal por delito de desobediencia.
“Se advierte que en caso (de) no hacerlo se podrá disponer testimoniar piezas en su contra ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia”, señala el por tanto del fallo.
El funcionario que no cumpla con este tipo de órdenes constitucionales se expone a una pena de tres meses a dos años de prisión, o de 20 a 60 días multa, según el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
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