Reinstalan a administrador del OIJ tras anularse condena por peculado de uso

Funcionario, que deberá enfrentar un nuevo juicio, exige al Poder Judicial le reintegre el salario de ocho meses que permaneció suspendido

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reinstaló desde el pasado 18 de noviembre en el cargo de administrador, a José Mauricio Fonseca Umaña, luego de que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea anulara una sentencia, en la cual se condenó a este funcionario a un año de prisión por cuatro delitos de peculado de uso.

Al mismo tiempo, Fonseca, quien estaba suspendido desde el 17 de marzo del 2021 sin goce salarial, exigió al Consejo Superior que se le reintegrara el sueldo que dejó de percibir y cuyo monto no trascendió. “Debido a que el contrato de trabajo está vigente solicito se me reintegren los salarios caídos del 17 de marzo a la fecha, así como el proporcional de aguinaldo y salario escolar, ya que la causa que motivó el cese de salario dejó de existir, por lo que no aplica la suspensión del salario en ese periodo de tiempo y esta fue una decisión propia de ese Consejo Superior amparado en una condena, que ya no existe”, señaló el funcionario en una nota que envió al órgano administrativo del Poder Judicial.

El caso de José Mauricio Fonseca trascendió el 19 de enero del 2021 cuando el Juzgado Penal de Hacienda dispuso elevar a juicio la investigación que se tramitaba en el expediente 18-000089-1218-PE. En dicho legajo el Ministerio Público llegó a la conclusión de que había elementos suficientes para acusar a Fonseca como sospechoso de nueve delitos de peculado de uso, pues en apariencia, durante el 2018 “utilizó en provecho propio bienes y servicios pagados por la administración”.

En la acusación, a Fonseca se le atribuyó ser responsable de enviar a un mensajero del Poder Judicial y en un vehículo de la entidad, a recoger documentos personales en la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Inicialmente, el Consejo Superior lo suspendió del cargo con goce salarial, pero a partir del 17 de marzo del 2021, cuando el caso fue elevado a juicio, se eliminó el pago del sueldo.

En el debate, que concluyó el 10 de marzo del 2021, el Tribunal Penal de Hacienda lo sentenció a un año de prisión por cuatro delitos de peculado de uso y los absolvió de cinco cargos. Los jueces le concedió el beneficio de la ejecución condicional de la pena durante un período de tres años. Asimismo, lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante seis meses.

Dicha resolución fue anulada el 18 de noviembre del año anterior por el Tribunal de Apelaciones, luego de que acogió una impugnación a la sentencia interpuesta tanto por el defensor Manuel Rojas Salas como por los fiscales Carlos Meléndez Sequeira y Carlos Rodríguez Ovares. Este asunto deberá ser analizado nuevamente por un tribunal de juicio, en una fecha próxima.

Mauricio Fonseca, quien lleva más de 15 años como administrador del OIJ, también había sido juzgado en el año 2014. En aquella ocasión, en la cual resultó absuelto, se le investigó como sospechoso de los delitos de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados. Esto por la compra 112 chalecos antibalas que luego se determinó era de baja calidad y exponían la vida de las personas que las usaran. En aquella ocasión los jueces Alfredo Arias, Susan Wittmann y Andrea Víquez, resolvieron que el funcionario recibió los chalecos sin tener conocimiento de la existencia de algún peritaje, que señalara que las unidades eran de baja calidad.

Por este asunto sí fueron condenados dos empresarios de apellidos Bilak y Bron por el delito de estafa. La pena fue de tres años de prisión, con el beneficio de ejecución condicional de la sentencia.