Un proyecto de ley pretende mejorar los salarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para evitar la fuga de personal, mientras el país enfrenta cifras históricas de homicidios.
El plan, llamado “Mejora de capacidades del OIJ en la prevención y combate del crimen”, fue presentado este martes por la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), y fue firmado por diputados de Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Frente Amplio (FA).
El texto reformaría la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) y la Ley Marco de Empleo Público (10.159), para que las limitaciones salariales que imponen estas normas no apliquen al personal técnico especializado, profesional, policial y jefaturas del OIJ.
Por ejemplo, bajo la Ley 9.635, vigente desde el 2018, el contrato de dedicación exclusiva tiene un máximo de cinco años. Según el texto, esto “genera incertidumbre e inestabilidad para la persona funcionaria, pues este componente salarial es un porcentaje significativo sin el cual se disminuyen entre un 65% y un 35% el salario bruto”.
Asimismo, en el 2023 se aprobó la Ley 10.159, la cual estableció un salario global para contener disparadores del gasto público como las anualidades.
El texto plantea cambiar también la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear nuevos beneficios para los funcionarios del OIJ.
Por prohibición y dedicación exclusiva, los empleados técnicos, profesionales y policías recibirían un incentivo del 65% para puestos de licenciatura y superior, así como un 20% para quienes sean bachilleres universitarios o hayan aprobado el cuarto año de la respectiva carrera. También se crearían o incrementarían anualidades y otros tipos de compensaciones, “con el propósito de devolver sus condiciones remunerativas a las que existían con anterioridad a la promulgación de la ley N° 9.635″.
La iniciativa de Cambronero busca revertir la tendencia de renuncias en la institución, la cual pasó de 36 renuncias en el 2018, a 97 en el 2022, según datos del OIJ incluidos en la exposición de motivos del proyecto de ley. De igual forma, el director del OIJ, Randall Zúñiga, había afirmado el año anterior que entre el 2011 y el 2017, la entidad registró apenas siete renuncias, pero del 2018 hasta setiembre del 2023, perdió a más de 300 funcionarios.
“Nosotros tenemos dentro de nuestras filas a las mejores personas capacitadas, con un gran bagaje de conocimiento, y que en los últimos años desgraciadamente se han tenido que ir porque el mercado ya no es competitivo para que puedan permanecer dentro de la institución”, dijo Zúñiga en la presentación del proyecto, este martes en la Asamblea Legislativa.
Por su parte, la diputada Cambronero afirmó que Costa Rica necesita “cuerpos policiales entrenados, con las mejores capacidades, con la mejor técnica, y sobre todo con el mejor recurso humano. El área de investigación y ciencia del OIJ es fundamental para seguir avanzando en las investigaciones contra el crimen organizado”.
En caso de convertirse en ley, el plan aplicaría para empleados nuevos y vigentes de la institución, detalló el asesor de prensa de Cambronero.