Propuesta judicial para reformar nombramiento de magistrados enfrenta trabas en la Corte

Varios altos jueces califican iniciativa como una injerencia del Poder Judicial en el Legislativo; presidente Fernando Cruz alega que ‘es solo una recomendación’

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Una iniciativa judicial que propone modificar los requisitos para el nombramiento de magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, enfrentó trabas durante su primer día de discusión en la Corte Plena.

Varios magistrados como Patricia Solano Castro, vicepresidenta de la Corte, Roxana Chacón Artavia, de la Sala Segunda, e Iris Rocío Rojas Morales, de la Sala Primera, consideraron que la propuesta es una injerencia en el Poder Legislativo.

Sin embargo, el presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, rechazó que se trate de una “invasión” en el Parlamento.

“Yo no creo que los magistrados seamos irrespetuosos porque digamos que el procedimiento debe cambiarse. Las sugerencias se hacen y, bueno políticamente, se consideran si o no”, alegó Cruz.

El desacuerdo se presentó este lunes, cuando los altos jueces comenzaron a discutir un plan que posteriormente deberán enviar al Congreso, para cambiar varios requisitos de la elección de magistrados.

La idea de introducir variantes se comenzó a vislumbrar en el seno de la Corte Plena luego de la crisis del Poder Judicial en el 2017, que llevó a que se revocara el nombramiento de Celso Gamboa Sánchez como magistrado de la Sala Tercera y que se acogieron a la pensión otros dos magistrados de esa misma sala.

En aquel momento, se creó una comisión judicial que se denominó Grupo 1, a la cual se le encomendó evaluar si era recomendable hacer modificaciones en los requisitos para elegir magistrados.

Luego de varias consultas, la comisión presentó una propuesta en abril del 2019. En el proyecto se plantean reformas a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Sin embargo, desde aquel momento hubo magistrados que se opusieron a analizar el tema por considerar que ese asunto corresponde discutirlo a los diputados, por ser quienes tienen la representación del pueblo.

Luego de tres votaciones en las que hubo empate, el asunto se postergó. El 8 de diciembre del 2020, la Corte Plena avaló por mayoría discutir el plan para enviarlo a la Asamblea Legislativa.

Intromisión de poderes

Este lunes, al comenzar el análisis del plan, la magistrada Iris Rocío Rojas dijo que la Corte no debería dedicar tiempo en esta propuesta pues afirmó que sería invadir el campo de acción del Poder Legislativo.

Dicho criterio fue secundado por Patricia Solano quien dijo: “no debemos conocer el tema en Corte Plena porque se trata de una intromisión de un poder en otro”.

Sin embargo, el presidente de la Corte, Fernando Cruz, manifestó: “no coincido con doña Patricia de que sea un irrespeto que nosotros hagamos una sugerencia. Políticamente no es bien visto por un sector de los parlamentarios o políticos (...)

“Bueno, pues ni siquiera eso, las recomendaciones también es una invasión del Poder Judicial sobre el Parlamento. Eso es lo que algunos creen. Qué difícil.

“Entonces se confirma lo que yo digo tantas veces que el Poder Judicial es políticamente muy débil y por eso ni siquiera puede hacer sugerencias para que se mejore el sistemas de elección de magistrados”.

Tras las discusiones, los magistrados dejaron para una próxima sesión profundizar en las sugerencias.

Plan en breve

El proyecto que aún deben discutir los magistrados plantea reformas a los artículos 158, 159 y 160 de la Constitución Política. Algunos cambios serían:

  1. Se propone aumentar la edad para poder ser electo magistrado de 35 años como está actualmente, a un rango de entre 45 y 50 años.
  2. Subir a 15 años el periodo de incorporación al Colegio de Abogados. Ahora se piden 10 años de ejercicio profesional.
  3. Incrementar el periodo de nombramiento que podría ser de 12 años. Actualmente es de ocho años. Otra idea sugiere que solo sea por un periodo, ya sea de ocho o 12 años.
  4. Que no pueda ser electo magistrado titular o suplente aquella persona que en los 10 años anteriores a la elección haya sido ministro, viceministro o diputado, entre otros.