Tras 21 años de laborar en la Procuraduría General de la República (PGR), los últimos seis de estos como procurador general, el doctor Julio Jurado Fernández se acogió a su jubilación este lunes.
Jurado trabajó 39 años en la función pública, donde también ejerció en el Poder Judicial, en la Unidad ejecutora del Programa de Regulación del Catastro y en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del cual fue director ejecutivo. Asimismo, en 1987 inició su ejercicio como docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En su informe de labores del periodo 2016-2022, el procurador destacó que durante su gestión los procesos atendidos por año aumentaron en un 28%, los procesos finalizados se incrementaron un 155%, mientras que los procesos activos al final del año subieron un 8%.
Los casos más relevantes que requirieron las diligencias de expropiación de la PGR bajo el mando de Jurado fueron: la nueva carretera a San Carlos, el intercambio de Paso Ancho, el corredor San José-San Ramón, Circunvalación norte, el mejoramiento de la ruta nacional 3 en la intersección Pozuelo, y los pasos elevados en las intersecciones de Guadalupe, la Hispanidad y la rotonda de Paso Ancho.
Algunas de las resoluciones a favor de la PGR (y por ende a favor del Estado) más destacadas incluyen un proceso por parte de extrabajadores de estiba y desestiba de Limón, quienes interpusieron un proceso contencioso debido a la decisión de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) de sacar a licitación nuevas concesiones para los servicios de estiba en los muelles de Limón y Moín. Luego de una audiencia preliminar, el Tribunal Contencioso Administrativo declaró la caducidad del proceso.
Asimismo, la PGR enfrentó la solicitud de nulidad de los artículos de los decretos ejecutivos que fijan el precio del arroz en granza y el arroz pilado, tramitada por asociaciones de consumidores y dos particulares. Inicialmente, el Tribunal les dio la razón, pero la PGR interpuso un recurso de casación declarado con lugar por la Sala I.
De igual forma, se le dio la razón a la PGR, que alegaba falta de derecho en una pretensión de indemnización por ¢102 millones por supuestos daños y perjuicios causados por el despido de una educadora pública que contrajo matrimonio con un menor de edad, quien fue su alumno.
Ahora debe iniciar el proceso de nombramiento del nuevo procurador que ocupará el cargo por los siguientes seis años. El aspirante deberá ser propuesto por el Poder Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Legislativa.