Cuatro de los sospechosos de secuestrar a empresarios y cobrar en bitcoin, estaban vacacionando y celebrando en Jacó de Garabito, Puntarenas, la obtención del dinero del último secuestro, indicó este miércoles el jefe Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.
Los sujetos estaban desde el viernes en una casa grande y cerrada donde encontraron a 28 personas, donde la mitad eran niños, así como las parejas y cuñados de los presuntos secuestradores, identificados con los apellidos Granados, Madrigal, Ulate y Leiva.
Estos últimos serían responsables de la parte operativa de la organización, es decir los que retenían a la víctima, su cautiverio y negociación.
“La acotación que podemos hacer nosotros, ya teniendo la información, establecimos dispositivos de seguimiento y vigilancia, es que se vienen acá con sus familias para, de alguna manera, celebrar y gastar el dinero que obtuvieron como ganancia por el secuestro”, explicó Soto.
A los lugareños les llamó la atención que la propiedad, que se alquila mediante la plataforma Airbnb, siempre está cerrada, pero esta vez había bastante movimiento y muchísima ropa tendida en un mecate, lo que evidenciaba que había mucha gente adentro. Desde el portón se observaban tres vehículos livianos, que iban a ser inspeccionados por las autoridades.
En el lugar también se decomisaron ¢3,8 millones y $2.500 en efectivo. Además de la diligencia en Jacó, agentes judiciales realizaron allanamientos en Cartago, Heredia, Grecia de Alajuela y Desamparados y Curridabat de San José.
En total fueron detenidos diez hombres y una mujer de entre 30 y 50 años, en una operación en la que participaron 200 oficiales y unos 70 vehículos judiciales de la Unidad de Secuestros de la sección de Delitos Varios del OIJ, en colaboración con la Oficina de Planes y Operaciones (OPO).
Soto afirmó, desde Jacó, que establecieron con certeza que estas personas están vinculadas con el secuestro del dueño de gimnasios Jorge Angulo, ocurrido el 4 de enero; así como del secuestro del presidente de Agrosuperior, Jaime Gurdián, perpetrado el martes 27 de junio y cuya consecución aparentemente estaban celebrando en Jacó.
“Tenemos prueba importante que determina que son la misma estructura criminal y estamos revisando algún otro tipo de caso que haya ocurrido anteriormente”, declaró Soto.
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La banda estaba dividida en dos células de trabajo: una se encargaba de la parte operativa, es decir, el seguimiento de su objetivo, el secuestro, la negociación y la liberación, mientras que otra se dedicaba a la parte financiera, y a convertir el bitcoin en efectivo.
Soto detalló que aunque en este caso no se ha determinado su forma específica de operar, normalmente, este tipo de grupos obtiene información privilegiada de alguien cercano a la víctima, que se suele tratar de alguien con dinero y que se moviliza solo. A partir de ahí inician el seguimiento para observar por dónde se traslada diariamente y decidir cuál es el mejor momento para secuestrar.
Estos sospechosos ahora se exponen a condenas de hasta 20 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo, establecido en el artículo 215 del Código Penal.
La legislación indica que una pena de diez a 15 años se le impondrá “a quien secuestre a una persona para obtener rescate con fines de lucro, políticos, político-sociales, religiosos o raciales”.
La pena será de 15 a 20 años de cárcel si el autor logra su propósito, si el hecho es cometido por dos o más personas, si el secuestro dura más de tres días, entre otros agravantes.