El asesinato del agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jeiner Mauricio Gómez Guzmán, motivó a la Corte Plena a sesionar de forma extraordinaria este viernes, y solicitar 1.700 plazas a los poderes Ejecutivo y Legislativo para combatir la creciente criminalidad.
La cifra fue presentada por la directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde, quien expuso los resultados de un estudio técnico elaborado por esta oficina. Luego de su exposición, los magistrados acordaron, por unanimidad, externar los resultados del estudio a los otros poderes de la República, en una sesión con la presencia del director general del OIJ, Randall Zúñiga y el fiscal general, Carlo Díaz.
Dicho análisis señala que se deberían brindar 828 plazas para el OIJ, 292 para el Ministerio Público, 112 para la Defensa Pública, 68 para los juzgados, 134 para los tribunales penales, 24 para los tribunales de ejecución de la pena y nueve para los tribunales de apelación. Adicionalmente, la Policía Judicial pidió 245 puestos más para necesidades complementarias a la investigación, lo que da una necesidad total de 1.712 plazas.
El informe arrojó que la zona más necesitada es Heredia, con un faltante de 181 funcionarios, seguida por Cartago, con 174, Limón con 157 y Alajuela con 127.
Estos puestos tendrían un costo anual de ¢47.287 millones, lo que va sumado a unos ¢8.706 millones en equipamiento, para un total de ¢55.993 millones. Como referencia, esto representaría un 11,4% del presupuesto del Poder Judicial previsto para el 2024, el cual rondaría los ¢490.764,6 millones.
“Nosotros no tenemos dinero para cubrir estas necesidades. Esto no lo podríamos nunca nosotros cubrir desde el Poder Judicial, pero sí necesitamos mandarlo a la Asamblea Legislativa como un requerimiento especial”, señaló la magistrada de Sala Segunda, Roxana Chacón.
Por su parte, el presidente de la Corte y magistrado de Sala Segunda, Orlando Aguirre, manifestó que “la ciudadanía puede contar con el Poder Judicial, estamos presentes, estamos actuando, pero también es cierto que afrontamos limitaciones en recursos que nos complican la tarea en perjuicio de la ciudadanía”.
La sesión de Corte de este viernes inició con un minuto de silencio por el crimen de Gómez, ocurrido el miércoles en Tirrases de Curridabat. Luego, los magistrados le dieron la palabra a Zúñiga y Díaz, quienes expresaron las necesidades que sufren las entidades bajo su mando, mientras Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios.
Por ejemplo, Zúñiga mencionó que este viernes hubo ocho operativos en diferentes partes del país, pero otros quedaron pendientes por falta de personal. De igual forma, han tenido que reforzar delegaciones regionales, principalmente en Limón, con personal desde San José, solución que no es sustentable en el tiempo.
“Hay una necesidad de invertir en las delegaciones regionales, que son las oficinas más débiles, por así decirlo, con menos cantidad de personal. San José, a pesar de que tiene varias secciones, pues tiene una cantidad importante de investigadores, si en alguna sección hace falta alguien, entre ellos se pueden suplir, en las regionales esto no es posible”, explicó Zúñiga.
Por su parte, Díaz expuso que al Ministerio Público le ingresan más de 200.000 causas al año, con un circulante promedio mensual que supera las 70.000 causas, las cuales son atendidas por solo 127 fiscales de juicio y 455 fiscales auxiliares, para un total de 582 funcionarios.
“La carga de trabajo para el Ministerio Público, y me voy a referir simplemente solo a las fiscalías que tramitan delitos convencionales, es aproximadamente de 250 expedientes por persona, por fiscal auxiliar, eso es una carga laboral bastante alta”, aseveró el fiscal general.
Asimismo, los magistrados escucharon los argumentos de Zúñiga a favor del proyecto de ley para exonerar al OIJ del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual fue aprobado por los diputados en primer debate, este jueves.
El director del OIJ aseguró que con esos recursos adicionales se comprarían 35.000 municiones AR 15, 250 esposas, 283 cascos balísticos, 35 escudos, 24 vehículos, 100 fusiles AR 15, 585 chalecos antibalas, 14 drones y dos licencia de software.
Seguido de esto, se informó que los equipos técnicos de Sala Tercera, la Fiscalía General y la Defensa Pública, junto a jueces de ejecución de la pena, elaboraron un borrador de proyecto de ley de ejecución de la pena, el cual será presentado en la Asamblea Legislativa el 16 de octubre.
Finalmente, la Corte conoció los avances del proyecto llamado Automatización de los procesos judiciales y análisis del rezago judicial, ejecutado en conjunto con el Colegio de Abogados para descongestionar los trámites judiciales.