El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dio una “aprobación verbal” al presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, para que el Poder Judicial pueda mantener un presupuesto con crecimiento cero para el 2024.
Así lo afirmó ante los magistrados la tarde de este martes Nacira Valverde Bermúdez, directora de Planificación del Poder Judicial, en una sesión extraordinaria de la Corte Plena para analizar el anteproyecto presupuestario.
Valverde inició su exposición indicando que el Ministerio de Hacienda primero había propuesto un recorte de más de ¢10.000 millones, pues se les impuso un tope de ¢480.567 millones en el Presupuesto Nacional del 2024, el cual será presentado a la Asamblea Legislativa.
Ese rebajo, según Valverde, representaba serios problemas para el Poder Judicial, pues habrían tenido que terminar contratos de mantenimientos telefónicos y de edificios. En el Organismo de Investigación Judicial habrían tenido que eliminar gastos en combustible, armas, radios de comunicación y chalecos lo que hubiera llevado a su cierre técnico por varios meses; y en el Ministerio Público se habrían afectado los peritajes, traducciones y ayudas económicas.
También se habrían dado fuertes limitaciones en la Defensa Pública y en atención de víctimas y testigos, aseguró la directora de Planificación.
El presidente de la Corte, así como jefes administrativos del Poder Judicial, se reunieron con el ministro para explicarle los efectos del recorte. Valverde agregó que a Acosta le expusieron que el órgano judicial ha sido efectivo en su ejecución presupuestaria, pues en el 2022 esta alcanzó el 96,73%, y en años recientes ha superado el 92%.
“Bajo este escenario se tuvo la explicación y la fundamentación al Ministerio de Hacienda, se recibió una aprobación verbal hasta la fecha por parte del Ministerio de Hacienda, en donde se nos indicaba que se restituía el monto de los 10.000 y resto de millones de colones (...). Esta comunicación verbal la realizó el señor ministro de Hacienda al señor presidente de la Corte”, indicó Valverde.
“Bajo ese principio, el escenario presentado ante esta Corte es mantener el mismo monto del 2023, para cumplir al menos con las mínimas obligaciones que tiene hoy el Poder Judicial”, agregó.
Luego de la exposición, y tras consultas de los magistrados, la Corte aprobó con 21 votos, con solo un voto en contra, que el gasto presupuestario máximo para el próximo año sea de ¢490.764,6 millones. Esto comprende un gasto corriente de ¢462.500,8 millones, y un gasto de capital de ¢28.263,8 millones.
El único voto negativo fue de la magistrada Iris Rocío Rojas, pues estaba de vacaciones y no había seguido de cerca los asuntos presupuestarios, por lo que no se pudo aclarar sus cuestionamientos sobre el plan de gastos.
También incluye el presupuesto del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, financiado con recursos propios de la entidad.
“Llegar al presupuesto actual no fue sencillo, pues se tuvo que realizar rebajos a lo interno de la institución y reacomodo interno entre subpartidas para consolidar ese monto”, señaló Valverde.
Este plan deberá ser presentado a más tardar el 15 de junio al Ministerio de Hacienda.
En el anteproyecto se reportó que aún existen necesidades que siguen sin contenido presupuestario, como plazas para la atención de personas con pensiones alimentarias (¢987 millones), plazas de custodios del OIJ (¢620 millones), acceso a la justicia de personas cercanas a Puerto Jiménez de Puntarenas (¢636 millones), personal fiscal de juicio (¢1.540 millones) y tribunales de juicio a nivel nacional (¢4.302 millones).
También faltan ¢5.570 millones para la aplicación de la Ley de Bienestar Animal, el nuevo Código Procesal de Familia, nuevo Código Procesal Agrario y la Ley de Justicia Restaurativa, las cuales son leyes aprobadas sin contenido económico.