El Poder Judicial debió notificar al magistrado Celso Gamboa Sánchez por correo electrónico ante la imposibilidad de localizarlo personalmente.
La urgencia era entregarle un documento relacionado con alguno de los seis procedimientos disciplinarios que se le siguen al alto juez.
Con ese objetivo, un notificador lo ha buscado en su casa, en Tres Ríos de La Unión, sin poder encontrarlo. La última visita se realizó este jueves poco antes de las 9 a. m., fue la segunda durante la semana.
La notificación electrónica fue confirmada por la Oficina de Prensa de la institución.
La Nación consultó a la Dirección de Migración sobre las salidas del alto juez. Según los datos suministrados, él ha salido este año por el aeropuerto Juan Santamaría en cuatro ocasiones, la última fue el 21 de setiembre, cuyo regreso se registró dos días más tarde.
Celso Gamboa, miembro de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, está suspendido del cargo desde octubre, por un plazo de tres meses.
El más reciente de los procedimientos disciplinarios que se le siguen se vincula con el supuesto interés en un expediente que involucraba al Movimiento Libertario.
Además, se le investiga por la desestimación de una querella por supuesto prevaricato que una jueza presentó contra un magistrado.
Asimismo, se abrió otra causa disciplinaria luego de la denuncia presentada por la jefa de prensa del Ministerio Público, el 23 de octubre ante la Inspección Judicial, según la cual cuando era subjefe de la Fiscalía General, habría intervenido en una gestión para eliminar a Johnny Araya de un expediente judicial.
También está abierto un proceso luego de conocer un informe preliminar sobre un viaje oficial de Gamboa a México, por los “hechos ocurridos en una terminal aérea”. En un video publicado en el medio digital Crhoy.com se le ve tambaleando.
En setiembre, la Corte Plena también decidió iniciar una investigación para determinar las relaciones de Gamboa con el empresario Juan Carlos Bolaños, centro del escándalo por el caso del cemento chino.
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Finalmente, a Gamboa también se le investiga, lo mismo que a otros cuatro magistrados de la Sala III, por acoger la solicitud de desestimación de la causa contra los diputados Otto Guevara y Víctor Hugo Morales Zapata por supuesto tráfico de influencias.
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Sobre alguno de estos casos, se requiere entregarle un documento pero Gamboa no ha sido localizado.
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Gamboa también fue llamado a la comisión legislativa que investigó créditos bancarios otorgados para la compra del cemento, debido a su supuesto vínculo con el empresario Bolaños, con quien coincidió en un viaje a Panamá.
Esta semana, la comisión legislativa recomendó en sus conclusiones la destitución de Gamboa y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años.
Ese foro señaló "que no se conoce el motivo real del viaje que realizó a Panamá en compañía de Bolaños, ni el contenido de su equipaje al regreso, ni tampoco de las razones por las cuales ingresó al país con pasaporte diplomático". También concluyeron que, en apariencia, Gamboa "adquirió un condominio en Jacó por un valor de ¢130 millones, sin que se tenga certeza del origen del dinero".
En la vía penal, también hay siete causas abiertas contra Gamboa.
El Ministerio Público lo investiga por los presuntos delitos de incumplimientode deberes, prevaricato, faltas al deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho y ocultamiento de prueba en favor del importador de cemento chino.
No se ha ocultado. Por medio de un comunicado, difundido a las 6:23 p.m. de este jueves por sus abogados defensores Hilda Porras Alvarado y Navil Campos Paniagua, éstos indicaron que el magistrado Gamboa Sánchez ha sido notificado, por lo que absolutamente falso que se esté ocultando.
"La alta exposición mediática, basada en afirmaciones difamatorias y en hechos falsos, ha provocado sin duda un enorme grado de estrés en el señor Gamboa, lo que le ha ocasionado serios problemas de salud", indica el comunicado.
Añade que 'la recusación planteada dentro de uno de los procedimientos (DCP-2-2017) y la queja presentada ante la Inspección Judicial, contra la magistrada Julia Varela Araya, debidamente motivada y con fundamento en las normas jurídicas aplicables, fue una decisión exclusiva de los abogados defensores del magistrado Gamboa Sánchez, adoptada en virtud de las graves arbitrariedades que se han cometido en el procedimiento, y que han sido repetidas sistemáticamente en las restantes (...)".
"Esta defensa protesta públicamente por las constantes filtraciones de información a la prensa, sobre todo provenientes de miembros del Poder Judicial que faltan a su deber de confidencialidad, sobre hechos que forman parte de los procesos administrativos que por imperativo legal son privados", manifestó Porras.
En el documento señalan además que la filtración de información tergiversada, sin pruebas, y de mala fe, evidencia el trato cruel, inhumano, degradante, discriminatorio y parcializado del que es víctima Celso Gamboa, lo cual la Corte de Suprema de Justicia tolera.