El Consejo Superior del Poder Judicial extendió hasta diciembre el nombramiento de 15 peritos en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dedicados a investigar asuntos complejos como el caso del cemento chino.
La decisión se adoptó este jueves cuando los miembros del citado órgano acogieron una solicitud del director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, quien pidió que se ampliara el plazo de trabajo de ese investigadores especializados en asuntos económicos y electrónicos.
La Oficina de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial informó de que el Consejo Superior decidió darle continuidad a esos puestos debido a que “se ajusta a la normativa legal". Además se consideró la "complejidad de la investigación y la necesidad urgente de atender las diligencias propias de los órganos a cargo del caso”.
Asimismo, hicieron ver que la decisión se adoptó en apego a lo que dispone el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de que los permisos concedidos deben destinarse a realizar y llevar a cabo las labores para las cuales fueron designadas, según lo ordena la citada norma legal.
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En el comunicado de prensa se reiteró que “las autorizaciones se otorgan en un plazo definido y el jerarca o jefe de oficina que lo solicita debe justificar y rendir informes del uso que dará a esos recursos para que el Consejo Superior determine el contenido presupuestario".
En la situación específica, fue suficiente el informe que presentó la Dirección del Organismo de Investigación Judicial.
La sesión del Consejo Superior estuvo presidida por el magistrado Fernando Cruz Castro, quien a su vez es el jerarca de la Corte Suprema de Justicia. Cruz se había reunido con Espinoza el pasado martes para analizar este tema.
Según el jerarca, al tratarse de plazas extraordinarias, el Consejo requiere para prorrogarlas –como condición indispensable– una indicación específica de para qué se requiere al funcionario y un cronograma que permita determinar si se cumplió con lo establecido. Lo anterior en consonancia con lo que exige el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“Al finalizar el plazo, lo que procede es valorar nuevamente esas plazas extraordinaras y determinar si corresponde para el siguiente ejercicio presupuestario la autorización para que sigan vigentes”, acotó.
Origen del conflicto
La alerta sobre el recorte de las plazas las hizo públicas el martes 14 de agosto el director de la Policía Judicial.
Espinoza, en una conferencia de prensa, afirmó que el Consejo Superior pretendía que el OIJ le rindiera cuentas sobre a qué se estaban dedicando los peritos y el avance de las investigaciones.
“Pretenda que yo le rinda cuentas de cómo avanza una investigación. En primer lugar, está invadiendo mi esfera funcional y la esfera funcional del OIJ, pero, además, pretende que yo viole el artículo 295 del Código de Procedimientos Penales ( sobre confidencialidad)”.
“Ni una sola de las plazas que nosotros hemos captado para el tema del delitos financieros se ha utilizado en aspectos de naturaleza diferente, todas han sido utilizadas, hemos emitido reportes e informes, ejecutado allanamientos y cubierto a cabalidad las peticiones de la Fiscalía de manera seria y responsable”, afirmó Espinoza visiblemente molesto.
El martes anterior, la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, dijo que ese recorte en plazas de peritos especializados atrasaría un año la realización de 390 diligencias investigativas.
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“Estoy muy preocupada. No es posible que tengamos que atender asuntos graves y complejos con un personal tan reducido. No se justifica la no prórroga de esas plazas (...) y efectivamente de corrupción y el resto de casos que están dependiendo de la apertura de prueba relacionada con medios tecnológicos se van a ver afectados”, dijo Navas.
En total se amplió la apertura de 15 plazas de peritos, seis de los cuales trabajan en el área financiera y nueve son informáticos.
El director del OIJ se mostró complacido por la reconsideración que hizo el Consejo Superior y añadió que esas plazas se reincorporarán lo más pronto posible a las causas de corrupción que analizaban y que urge resolver, según lo que determina la Fiscalía General.
“Son nuestros especialistas en delitos económicos los que elaboran los reportes y los informes que luego se utilizarán como prueba y precisamente son esos compañeros y compañeras, cuya ampliación de cargos hemos pedido, los que revisan la prueba, valoran las condiciones financieras y emiten conclusiones asertivas para luego poderlas trasladar a un juicio”, acotó.
Espinoza también dijo que eso permitirá solucionar desde el punto de vista probatorio, algo tan importante para el país como el caso del cemento chino, que merece una atención prioritaria e inmediata.