Las plazas otorgadas al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para las pesquisas relacionadas con el caso del cemento chino mantienen enfrentados al director de ese cuerpo policial, Wálter Espinoza Espinoza, y al Consejo Superior del Poder Judicial.

El jerarca expresó su molestia con el máximo órgano administrativo del Poder Judicial este martes por la mañana, debido a que no se le aprobó la prórroga para la contratación de 15 peritos, seis financieros y nueve informáticos, quienes además investigaban otros casos, como el del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y el de Yanber.

“Nosotros esperamos un Consejo Superior que ayude, colabore y brinde recursos, pero un Consejo Superior que pretenda que yo le rinda cuentas de cómo avanza una investigación en primer lugar, está invadiendo mi esfera funcional y la esfera funcional del OIJ, pero, además, pretende que yo viole el artículo 295 del Código de Procedimientos Penales.

“Ni una sola de las plazas que nosotros hemos captado para el tema del delitos financieros se ha utilizado en aspectos de naturaleza diferente, todas han sido utilizadas, hemos emitido reportes e informes, ejecutado allanamientos y cubierto a cabalidad las peticiones de la Fiscalía de manera seria y responsable”, explicó Espinoza visiblemente molesto.

Sin embargo, el jefe del OIJ aseguró que brindará un informe “básico y liviano” del tema, porque bajo ninguna circunstancia puede detallar la forma en la que se desarrollan las investigaciones.

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El Consejo informó, mediante un comunicado de prensa, que los puestos se autorizaron para atender el caso del cemento chino, debido a su complejidad y porque así fue solicitado por la Dirección del OIJ, por lo que están a la espera del informe que dará Espinoza.

“Tenemos clara la importancia de la investigación del cemento chino, lo que le pedimos al Organismo es que aclarara para determinar que la solicitud que remiten se contempla dentro de los supuestos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No podemos actuar en contra de la ley, nos tenemos que apegar a la norma legal”, manifestó Carlos Montero, integrante del Consejo Superior.

El órgano agregó que la prórroga de las plazas quedará pendiente hasta que se reciba el informe de la Policía Judicial.

“Deberá el director general del OIJ informar a este Consejo el motivo por el cual los permisos que fueron concedidos primeramente para atender el caso del cemento chino, se están utilizando en las investigaciones de otros casos como Infocoop y Yanber, para lo que no fueron solicitadas.

“Además, debe presentar un cronograma detallado con las fechas de finalización, el grado de avance de las investigaciones e indicar cuáles plazas se están ocupando en cada caso”, precisa el documento enviado por el Poder Judicial, que destacó que los permisos concedidos por el Consejo deben usarse para las labores para las cuales fueron designadas.

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A la espera de resolución

El Consejo tiene previsto analizar la petición del OIJ el próximo 23 de agosto, un mes después de que se negara la prórroga para que estos funcionarios siguieran ligados a la investigación.

Wálter Espinoza aseguró que pidieron la reconsideración porque los casos todavía no finalizan y porque el cierre de esas plazas será decretado por la Fiscalía, tal y como lo dispone la ley.

“El Consejo Superior está en su libre albedrío de decir si nos va a dar las plazas o no nos las va a dar, eso yo lo respeto, independientemente de mi criterio. Sí las necesitamos, las estamos usando y las vamos a exigir, pero si al final de cuentas el área administrativa del Poder Judicial dice que no nos las va a dar, pues nosotros con los recursos que tenemos resolveremos los casos, evidentemente con un poco más de dilación, porque estas personas ayudan muchísimo, brindan su aporte y colaboración”, precisó el jerarca del OIJ.

Delitos informáticos con poco personal

Añadió que los delitos financieros y económicos han evolucionado en los últimos años, mientras que el número de causas que ingresan también se han incrementado, por lo que al menos en la sección de Delitos Informáticos se requiere más personal.

“Evidentemente una Policía Judicial como la nuestra requiere potenciar esa oficina no solo para casos como éste sino para el futuro. Los delitos que se cometen por medio de las redes, en el ámbito de lo virtual y con el uso de Internet, están creciendo, son complejos y nosotros acabamos de suscribir una Convención Internacional que nos da obligaciones y que nos exige participar de manera profesional y científica, en ese sentido pues esa preocupación de no contar con esos muchachos evidentemente se mantiene y permanece”, finalizó Espinoza.

El caso del cemento chino

El escándalo del cemento chino tiene su origen en el otorgamiento, por parte del BCR, de dos dudosas líneas de crédito a la compañía Sinocem Costa Rica, propiedad del empresario Juan Carlos Bolaños.

Dichos recursos, por un tope de endeudamiento hasta de $30 millones, serían para la importación de cemento chino.

Actualmente, cuatro personas cumplen medidas cautelares por el caso del cemento chino.

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El empresario Bolaños se encuentra en prisión preventiva y es investigado por los delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.

Por otra parte, Mario Barrenechea, exgerente del BCR; Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgos, y Andrés Víquez Lizano, exsubgerente de Banca Mayorista (todos del mismo banco), descuentan arresto domiciliario.

Finalmente, Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito, y Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno, quienes también fueron detenidos como sospechosos del delito de peculado, están libres y sin medidas cautelares.

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Información actualizada a las 8:12 p. m. con más datos del caso.