Un abogado penalista presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional, en el cual solicitó que la vigilancia de los aeropuertos, muelles y fronteras nacionales regrese a manos de la Policía de Control de Drogas (PCD).
La acción fue planteada luego de que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), a inicios de setiembre, anunciara la reasignación de funciones de los policías de PCD, desviarlos de sus funciones establecidas por ley y destinarlos a investigaciones contra crimen organizado.
Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, justificó el cambio abrupto con el fin de que los efectivos especializados en investigaciones para decomisos de estupefacientes combatan las olas de criminalidad que azotan al país.
Zamora, después de dar a conocer el cambio en la PCD, informó que las funciones que realizaban antes estos funcionarios estarían a cargo de oficiales de la Policía de Fronteras, así como del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA).
El habeas corpus, presentado en Sala IV desde el 28 de setiembre anterior, está en estudio de admisibilidad por parte de los magistrados, según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.
El abogado Walter Brenes Soto, quien presentó el recurso, alegó que este es un cambio que perjudica a la seguridad del país, ya que las competencias de la Policía de Fronteras y el SVA son distintas a las de la PCD y “en lugar de fortalecer los puntos de ingreso y salida del país, se está retirando a la policía especializada y se está colocando a personal sin experiencia, ni la capacitación necesaria sobre cómo judicializar los casos de drogas”.
El jurista también afirmó en el escrito presentado ante la Sala Constitucional que, en este caso “es un hecho ampliamente conocido, que los oficiales (de Fronteras y SVA) no cuentan con la preparación, experiencia ni con los equipos necesarios para lo que se les está encomendando, siendo la Policía de Control de Drogas la especializada para detectar el paso de sustancias ilícitas, lo cual implica que se está afectando las labores de control, decomiso y detenciones asociadas al tráfico de drogas en nuestras fronteras “.
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Brenes también hizo mención al artículo 202 del Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública, en el que se especifica que la PCD tiene a cargo “operaciones permanentes de control preventivo” en fronteras, costas, puertos y aeropuertos para impedir el ingreso o salida de drogas ilegales, legitimación de capitales y actividades conexas, lo cual, al eliminarse, afectaría dichas labores.
Días convulsos en Seguridad Pública
Este recurso se suma a una combinación de factores que durante las últimas semanas han agitado al MSP, en la que los mismos efectivos de la PCD han salido ante los medios de comunicación afirmando que estos cambios van a perjudicar la lucha contra el narcotráfico y que en el aire quedaban incógnitas de esos cambios.
Una semana después, el medio mexicano “El Universal” publicó un artículo sobre una supuesta negociación entre el gobierno de Rodrigo Chaves “con redes mafiosas costarricenses ligadas a los carteles De Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”, a cambio de frenar la ola de homicidios en el país. La presidencia de la República y el propio ministro Zamora desmintieron la publicación.
En lo que respecta a los cambios en la PCD, Zamora y el viceministro Manuel Jiménez Steller justificaron que es parte de romper con los antiguos esquemas que han llevado al país al nivel actual de homicidios y que han permitido el desarrollo de bandas que contribuyen al aumento de la letalidad.
Alegan que son estos grupos los que han convertido a Costa Rica en uno de los principales reexportadores de droga, principalmente hacia Europa, y catalogaron a los oficiales de la PCD que están inconformes con los cambios como un “pequeño grupo” inconforme.