El próximo lunes 26 de setiembre, a las 8 a. m., los magistrados revisarán el acuerdo que tomaron para continuar con la elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, tras la existencia de varias observaciones de parte de un sindicato, una asociación e incluso, de una alta jueza, por la votación secreta.
La revisión se realizará luego de una moción presentada por la magistrada Sandra Zúñiga, quien dijo que debe analizarse la viabilidad jurídica de la decisión tomada por 12 de sus 22 compañeros, quienes acordaron rechazar tres gestiones que pretendían frenar la elección del presidente hasta que se diriman gestiones en Sala IV y la Asamblea para que la votación sea pública.
Su solicitud fue apoyada por el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, a pesar de que inicialmente votó por realizar la elección este lunes. “Si los dos candidatos más votados (Patricia Solano y Luis Fernando Salazar) están pidiendo que se posponga la votación, a mí me parece un error seguir nosotros votando (...). Me parece que eso no tiene razón de ser”, afirmó Castillo este martes.
Patricia Solano, una de las aspirantes que ha liderado las rondas de votación, aseguró ante la prensa que siempre ha respaldado las gestiones para que la votación sea pública, por lo que este martes votó a favor de suspender la sesión. Solano aseguró que el pedido de los sindicatos “es un escrito muy bien fundado”.
“Políticamente el pueblo de Costa Rica, no solo las personas funcionarias judiciales, sino también todas las personas, nos están pidiendo que en un tema de transparencia nosotros hagamos el voto público”, reconoció.
La magistrada de Sala III señaló que hace una semana, los diputados aceleraron el proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y que el voto para escoger presidente sea público, por lo que espera que continúe la celeridad de este expediente.
En tanto, Luis Fernando Salazar, el otro candidato con más votos, aseveró que si bien desde el punto de vista constitucional no se debe suspender la elección, políticamente sí considera pertinente que el voto sea público. “Le hacemos un bien al país, a la transparencia, en hacer una votación pública (...), los cuatro aspirantes hemos votado a favor de la votación pública”, mencionó.
Salazar reiteró que el voto público permitiría identificar cuáles magistrados están votando por los candidatos con menos posibilidades o fluctuando de un candidato a otro, lo que ha llevado a que nadie alcance la mayoría simple (12 votos) y la elección se extienda por más de 15 rondas.
“Eso nos va a hacer indicar dónde están los votos de unos y de otros. El mío está claro dónde está, pero ¿dónde están los demás votos? O sea, ¿por qué no hay consensos? ¿Por qué alguien pasa de un candidato o de una candidata a otro? ¿Por qué hay votos nulos? ¿Por qué hay votos en blanco?”, declaró el magistrado constitucional.
También señaló que algunos magistrados podrían estar votando para que no haya nombramiento, por lo que los instó a presentar su nombre o buscar otro candidato de consenso.
“Pero el lunes pasado hubo una encerrona, una reunión entre nosotros los 22, para escuchar posibles candidatos de consenso, y nadie presentó su nombre ni ningún otro nombre fue postulado. Bueno, yo creo que con voto público eso lo podríamos más o menos valorar”, manifestó.
En caso de que prospere la revisión de la magistrada Zúñiga, Salazar explicó que la Corte debe definir cuánto va a esperar por la reforma legal en la Asamblea Legislativa para abolir la votación secreta.
Las gestiones
Dos de las gestiones conocidas este martes pretenden que se suspenda el proceso de elección del próximo jerarca del Poder Judicial hasta que la Sala Constitucional resuelva un recurso de amparo presentado por el Sindicato de la Judicatura (Sindijud), que busca que la elección sea pública y no en secreto. El pasado 14 de setiembre ese requerimiento fue acogido para estudio.
La otra gestión, tramitada por Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), busca que la votación del presidente de la Corte se frene hasta que en la Asamblea Legislativa se apruebe el cambio en el modelo de votación, para que esta sea pública.
Para Varela “hay un impedimento legal para que la Corte proceda a realizar la votación”, por lo que la única alternativa era la suspensión.
Los votos
Los 12 altos jueces que votaron para continuar con el proceso tal cual se ha hecho desde el lunes 29 de agosto, primer día de la elección, son: Anamari Garro Vargas, Ana Isabel Vargas Vargas, Damaris Vargas Vásquez, Fernando Castillo Víquez, Jorge Araya García, Jéssica Jiménez Ramírez, Jorge Olaso Álvarez, Jesús Ramírez Quirós, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Roxana Chacón Artavia, Roberto Garita Navarro e Iris Rocío Rojas Morales.
Por otra parte, los que quisieron acoger la petición para suspender la elección y buscar que esta sea pública tal y como lo ha propuesto insistentemente Julia Varela fueron: Fernando Cruz Castro, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Luis Fernando Salazar Alvarado, Orlando Aguirre Gómez, Paul Rueda Leal, Patricia Solano Castro, Rafael Segura Bonilla, Sandra Zúñiga Morales y la misma Varela.
Votación extensa
Este martes se cumplieron cuatro sesiones de Corte Plena desde que empezó el proceso para escoger un jerarca del Poder Judicial, el 29 de agosto.
Ese día, luego del discurso de los cinco candidatos (Salazar, Solano, Chacón, Aguirre y Rivas), se realizaron cinco rondas en las que ninguno resultó ganador. Quien se acercó más fue Salazar, pues llegó a diez votos en las últimas dos votaciones, seguido por Solano, quien llegó a obtener nueve en segunda ronda, pero su apoyo bajó gradualmente a ocho, siete y seis en las rondas posteriores.
Una semana después, el 5 de setiembre, otras cinco rondas infructuosas dejaron a Salazar con nueve votos a su favor en la quinta votación de ese día, y a Solano con seis votos. En esa sesión, Julia Varela inició la discusión en torno al secretismo, al solicitar alterar el orden del día para que se votara su propuesta de que el voto fuera público, no obstante, la Corte rechazó la solicitud.
El 12 de setiembre se realizó un debate más extendido sobre el voto público, y antes de votar por la presidencia, los magistrados aprobaron que se solicite a la Asamblea Legislativa una reforma de ley para que las elecciones del presidente y vicepresidente de este órgano jurisdiccional se realicen de manera pública.
La propuesta fue presentada por el magistrado Rueda, luego del intento fallido de Varela, quien una vez más pretendía que ese mismo día se votara de forma pública.
Posterior a esta gestión, los magistrados votaron en otras cinco rondas, pero una vez más no se alcanzó la mayoría simple para ninguno de los candidatos.
En la ronda cinco de aquel lunes, Salazar tuvo 11 votos, Solano obtuvo cinco, Roxana Chacón Artavia (Sala Segunda) llegó a cuatro, Orlando Aguirre (Sala Segunda) tuvo uno y hubo un voto en blanco. Luis Guillermo Rivas, de Sala Primera, no obtuvo votos.
En caso de que en otras cinco rondas no haya ganador, la votación se repetirá las sesiones que sean necesarias hasta que alguien llegue a los 12 votos.
Esta elección ha sido la más dividida de las últimas décadas, pues en 32 años ninguna votación había requerido más de seis rondas. La mayoría se definieron en solo una ronda o en ocasiones, simplemente los magistrados ratificaban la reelección del presidente, sin que nadie más se postulara.