El expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) irá de nuevo a juicio por el denominado caso de los reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS).
La decisión fue tomada por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Publica del Segundo Circuito Judicial, según confirmó la Fiscalía.
En este caso, el juez admitió la acusación por el delito de peculado de las causas 05-00002-0621-PE y 01-009428-0042-PE.
"En ese sentido, todas las personas acusadas por el Ministerio Público deberán enfrentar un juicio, cuya fecha deberá definir el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública", comunicó la Fiscalía.
Los acusados, además del expresidente, son Cristóbal Zawadzki Wojtasiak (exjerarca del INS); Álvaro Antonio Acuña Prado (exjefe de Reaseguros del INS); Gilda Montes de Oca (esposa de Zawadzki); Roxana Cordero Bogantes (esposa de Acuña) y Rónald Bonilla Rodríguez (exjefe de Seguros del Instituto Costarricense de Electricidad). Además, de los funcionarios del ICE, Antonio Corrales Moya y Ramón Lara Molinari.
Un proceso de 14 años
Las pesquisas de este caso las realizó el Ministerio Público y tienen que ver con dos asuntos. Uno, el aparente pago a exfuncionarios estatales por $2,1 millones, realizados por la reaseguradora londinense PWS, entre 1998 y el 2002.
El otro caso está relacionado con presuntas comisiones y pagos de viajes dados por las empresas corredoras Guy Carpenter y Willis, durante el 2001.
La fiscalía acusó a todos los imputados en el delito de peculado que se da cuando hay sustracción de bienes públicos. El artículo 354 del Código Penal castiga este hecho con prisión de tres a 12 años.
En febrero del 2014, un juzgado penal había dictado sobreseimiento definitivo a favor de los imputados, sobre todo porque consideró como ilegal que se usaran pruebas bancarias traídas de Panamá, Estados Unidos y del Reino Unido.
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En aquel momento se estimó que "toda la prueba recabada en el extranjero, sin control jurisdiccional previo, es espuria o ilegal, o sea, que no puede admitirse en el proceso".
Sin embargo, en agosto del 2014 un Tribunal Penal anuló la absolutoria y ordenó una audiencia para decidir si el tema iba a juicio o no. Ese tribunal mantuvo la prohibición de usar las pruebas bancarias traídas del exterior.
En una nueva audiencia, realizada en junio del 2015 en el Juzgado Penal, se ordenó de nuevo el juicio, decisión que fue anulada en octubre pasado, cuando se acogió un alegato de la defensa, que recusó a la jueza que dispuso elevar el caso a debate.
Esto obligó a devolver el expediente para que fuera analizado por un nuevo juez, que dispuso lo resuelto finalmente, el viernes pasado.
Por su parte, Cristian Arguedas, abogado del expresidente, indicó que la notificación de la resolución la recibió el viernes anterior, luego de que se realizara la tercera audiencia preliminar por este caso.
El abogado indicó que, de momento, lee el fallo completo. “Le puedo decir que en este tiempo he encontrado ya varios vicios, por lo cual vamos a presentar una apelación en los próximos días”.
Asimismo, aseguró que el exmandatario se encuentra tranquilo. “Conversé con él y tiene mucha paz, pero es molesto porque lo están condenado a una pena de banquillo”.