Juzgadora no aceptó como legal la prueba que fue traída del extranjero

Por: Carlos Arguedas C. 18 febrero, 2014

El Juzgado Penal de Hacienda dictó un sobreseimiento definitivo para el expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y de esa forma archivó el caso de los reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS).

La resolución comunicada a todas las partes ayer en la tarde también benefició a Cristóbal Zawadzki Wojtasiak, exjerarca del INS; Álvaro Antonio Acuña Prado, exjefe de Reaseguros del INS; Gilda Montes de Oca (la esposa de Zawadzki); Roxana Cordero Bogantes (la esposa de Acuña), y Rónald Bonilla Rodríguez, exjefe de Seguros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Asimismo, fueron beneficiados los funcionarios del ICE: Porfirio Brenes Quesada, Antonio Corrales Moya, Ramón Lara Molinari y Roberto González Chinchilla.

Todas estas personas fueron acusadas por el Ministerio Público del delito de peculado que se da cuando hay sustracción de bienes públicos.

La acusación tenía que ver con dos asuntos. Uno, el aparente pago a exfuncionarios estatales por $2,1 millones, realizados por la reaseguradora londinense PWS, entre 1998 y el 2002.

El otro caso está relacionado con presuntas comisiones y pagos de viajes dados por las empresas corredoras Guy Carpenter y Willis, durante el 2001.

Al iniciar en setiembre pasado la audiencia preliminar, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez dijo que iba a demostrar su inocencia. En ese momento lo acompañó un funcionario judicial no identificado. | PABLO MONTIEL
Al iniciar en setiembre pasado la audiencia preliminar, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez dijo que iba a demostrar su inocencia. En ese momento lo acompañó un funcionario judicial no identificado. | PABLO MONTIEL

Fase final. Este asunto llegó a conocimiento de la jueza Roxana Burgos Corrales, en setiembre del año anterior cuando tuvo a cargo la realización de la audiencia preliminar, que concluyó el 17 de diciembre.

En las diversas audiencias, los defensores de los imputados cuestionaron que las pruebas bancarias de Reino Unido, de Estados Unidos y de Panamá, se trajeron sin que se obtuvieran con la autorización de un juez penal. Ese razonamiento fue aceptado por la jueza.

Esta resolución se produjo luego de que a finales de enero trascendiera un informe de la fiscala Gisele Rivera Chacón (quien tuvo a cargo el caso en la fase final), donde señaló una serie de fallas que cometió el Ministerio Público durante el proceso de investigación.

Entre los cuestionamientos que hizo en un documento que presentó al fiscal general, Jorge Chavarría, dijo que había debilidades en la acusación, pues no se describieron conductas de cada uno de los imputados, se produjeron retrasos porque durante mucho tiempo la investigación no avanzó, y hubo carencias pues se dejó prueba importante de lado.

La Fiscalía General anunció en ese momento que esos errores habían sido subsanados.