Mélida Solís, dueña de H Solís, ingresa a cárcel de mujeres

Empresaria imputada en Caso Cochinilla entró al centro Vilma Curling, cerca de las 3 p. m. de este lunes, luego de que tribunal anulara fianza

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Mélida Solís, dueña de la empresa H Solís y una de las investigadas por el Caso Cochinilla, ingresó la tarde de este lunes a la cárcel de mujeres Vilma Curling, en Desamparados, antes conocida como Buen Pastor, donde permanecerá por cuatro meses.

Solís fue llevada a esta prisión horas después de que el Tribunal Penal de Hacienda anulara la fianza que le habían fijado y ordenara su encarcelamiento para resguardar los intereses de la investigación y apaliar un eventual peligro de fuga.

Luego de trascendiera dicha decisión, el Juzgado Penal de Hacienda emitió, la mañana de este lunes, una orden de captura contra la imputada y Carlos Cerdas, dueño de MECO y quien también figura como sospechoso en esta pesquisa judicial.

Ambos empresarios fueron detenidos, el pasado lunes 14 de junio, junto con otras 28 personas como parte de una investigación sobre supuestos actos de corrupción con contratos públicos de obras viales.

Solís decidió presentarse por su cuenta a los tribunales de Goicoechea, donde fue detenida por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Permaneció unas horas en la celdas judiciales de ese despacho, desde donde salió con rumbo a la cárcel de mujeres.

Solís primero deberá guardar aislamiento en módulos individuales durante 14 días. Luego, será reubicada en otro módulo de esa prisión, donde compartirá espacio con otras reclusas.

Por su parte, Carlos Cerdas fue detenido en los alrededores del centro comercial Multiplaza, en Escazú y fue llevado a celdas judiciales. Su traslado a una cárcel podría tomar más tiempo debido a la saturación que enfrenta el sistema penitenciario.

El OIJ descubrió que 36 funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habrían recibido al menos 100 dádivas entre noviembre del 2019 y julio del 2020.

A lo largo de esos 21 meses, los aparentes sobornos fueron otorgados por 33 personeros de empresas constructoras y firmas de inspección de proyectos viales, a cambio de que se les pagaran facturas de forma expedita, o bien, obtener ventajas como la exclusión de firmas competidoras en licitaciones de obra pública.