La constructora MECO le ofreció un carro a un ingeniero de la Municipalidad de Alajuela a cambio de que este le permitiera a la empresa arreglar carteles de licitación y manipular los montos presupuestarios destinados para proyectos de esa localidad. Así lo aseveró el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el expediente de la Operación Diamante, luego de analizar varias escuchas telefónicas.
Este funcionario, de apellidos Chacón Ugalde y quien trabaja en la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, fue uno de los 13 detenidos el pasado lunes, por supuestamente formar parte de una red de corrupción en contrataciones de obras públicas. Entre los capturados figuran seis alcaldes: Johnny Araya Monge, San José; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Humberto Soto Herrera, de Alajuela); Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú; Alberto Cole de León, de Osa; y Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos. También capturaron a otros empleados públicos y a personal de la constructora.
Este expediente judicial indica que Chacón y el gerente de Asfaltos de MECO, Luis Fernando Gutiérrez Vargas, mantenían comunicación y un compromiso entre ambos que desencadenó en “un favoritismo” para la constructora. Como ejemplo de esto, la Policía judicial menciona que, en una fecha no determinada, Gutiérrez llamó al empleado municipal para decirle que ya tenía todo listo para entregarle un vehículo en una reconocida agencia de carros.
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Además, Gutiérrez le aseguró que le había conseguido un bono de $1.400 en esa misma agencia para que lo utilizara como y cuando quisiera. En el legajo no se indica si dicho intercambio llegó a ejecutarse, pero sí se menciona que estaba previsto que ocurriera en julio pasado. Sin embargo, por los allanamientos que se dieron un mes antes por el Caso Cochinilla (investigación paralela de presuntas irregularidades en adjudicaciones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)), los agentes indicaron que “existe un alto grado de probabilidad” de que dicha entrega se retrasara para evitar sospechosas.
Como parte de los proyectos desarrollos por la Municipalidad de Alajuela y que ahora son investigados, el OIJ citó una carretera en La Cañada y una obra dentro de la cual se requerían estudios hidrológicos; no obstante, en el expediente no se brindó más información. Eso sí, se enfatizó que en ambos desarrollos Gutiérrez le daba órdenes a Chacón como si “existiera una relación de jerarquía entre ambos”.
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Coordinador habría recibido dinero por permiso para botadero
Luego de analizar otras escuchas telefónicas, las autoridades judiciales indicaron que, en ese mismo municipio, el coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental supuestamente habría recibido ¢800.000 por dar un permiso de funcionamiento para un botadero en La Guácima.
Al parecer, el trato fue entre el empleado, de apellido Angulo, y Gutiérrez y, en anotaciones del OIJ, se señaló que supuestamente esa no sería la primera vez que se realizan ese tipo de transacciones, pero no se detalló si esas dádivas adicionales involucraban al mismo funcionario o a otros más.
Lo que sí asevera la Policía Judicial es que este tipo de arreglos evidencian que para MECO entregar dinero no era problema, máxime que eso significaba que los funcionarios públicos adquirían un aparente compromiso con la empresa, lo cual les permitía obtener “beneficios irregulares”.