Con tal de conseguir licitaciones de obras públicas, la constructora MECO ‘compró' a funcionarios municipales de varias partes del país con dinero en efectivo, carros y hasta con mantenimiento de sus casas, según dieron a conocer la Fiscalía Anticorrupción y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Además, los trabajadores involucrados también pedían favores para realizar actividades tanto en los municipios como en la comunidad a la que pertenecían, pero de esto puntualmente las autoridades no ahondaron.
Esta información fue facilitada en una conferencia de prensa realizada poco después de que se allanaran 84 sitios, incluidas las casas de seis alcaldes, así como las municipalidades que ellos representan y otras dos más, por la presunta corrupción con obras públicas. Hasta la mañana de este lunes, las autoridades reportaban a doce personas detenidas, entre las cuales resaltan Johnny Araya, alcalde de la Municipalidad de San José, así como otros cinco jerarcas municipales.
Esos restantes son el alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda; el de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro; el de Alajuela, Humberto Soto Herrera; el de Escazú, Arnoldo Barahona Cortés, y el de Osa, Alberto Cole De León, informó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). Los otros municipios intervenidos son los de Siquirres y Golfito, cuyos jerarcas no fueron apresados.
Los otros funcionarios públicos capturados son Boraschi González, de la Municipalidad de Escazú; Chacón Ugalde, de la Municipalidad de Alajuela; Suárez Vásquez y Mayorga Mayorga, ambos de la Municipalidad de Golfito; y, Castro Camacho, de la Municipalidad de San José. En cuanto a empresas privadas, la Policía capturó a un sujeto de apellido Gutiérrez Vargas, quien trabaja en MECO, así como a otro de apellidos Cruz Porras, quien es el dueño de la firma ramonense Explotec.
El fiscal Glenn Calvo expresó a los medios: “Las dádivas eran dadas de manera homogénea. Se daba desde algún tipo de dinero, algún tipo de favor, construcciones en viviendas, favores específicos dentro del lugar donde se realizaba la licitación. Esto es una estructura criminal que funcionaba como enlace entre empresa, entre los alcaldes y los funcionarios, quienes obtenían ventajas de diferentes tipos, que incluían hasta vehículos”.
Según explicó Calvo, MECO es el punto concéntrico de la actividad, ya que conformó una “estructura criminal debidamente estipulada de manera tal que sus trabajadores ejercían controles necesarios sobre licitaciones municipales”. Pero sus funciones iban más allá de esto y, según la investigación, estos dialogaban con los alcaldes y con otros funcionarios públicos para influir directamente en la adquisición de licitaciones, trabajos de contratación rápida, así como para agilizar la facturación y sus pagos.
Por el momento, se indagan 15 proyectos realizados por esas ocho municipalidades, pero Wálter Espinoza, director del OIJ señaló que, por el momento, se realiza un estudio “financiero y documental” para estimar el perjuicio de esas contrataciones.