¿El sistema judicial está considerando la reforma a la ley que reduce penas a las mujeres por introducción de droga a cárceles?
Esta sentencia nos demuestra que no, que hace falta capacitarnos, creo la Escuela Judicial debe capacitarnos tanto a los defensores como fiscales. Analizando la sentencia, nos damos cuenta que esta señora ella es jefa de hogar, tiene tres hijos y todos viven con ella; hay una que es menor de edad. El tribunal no analiza que pudo ser beneficiaria con una pena más baja sino que aplica ocho años; pareciera que desconocen que hay una modificación al artículo 77 (de la Ley de Estupefacientes). Además, podemos ubicarla en la categoría de condición de pobreza porque ¢125.000 al mes para atender una casa, imagínese. A mí me sigue preocupando que no valoramos las condiciones de género cuando la ley es clara.
¿La Defensa alegó esa condición de pobreza?
Sí, se aportó al proceso.
Al dictar la sentencia, los jueces señalaron que ella es reincidente, ¿qué consideración se puede hacer en ese caso?
Lo que eso demuestra es que ella viene desde hace rato en una condición de vulnerabilidad, viendo sus antecedentes nos damos cuenta que está inmersa en la situación de pobreza y que eso la llevó a ella a cometer errores. Los jueces no quieren entender que si estas mujeres han cometido errores ha sido por su situación de pobreza; está comprobado. ¿Cómo usted va a aplicar una pena a una mujer de estas igual a la de un narcotraficante? Estamos confundiendo el sentido de la persecución criminal del Estado costarricense. Costa Rica sigue teniendo normas que debemos reformar, no solo para mujeres que introduzcan droga, sino para mujeres que, en pobreza demostrada, han hecho lo que llamamos narcomenudeo. Además, la insignificancia del hecho, por más reincidencia, nosotros tenemos principios doctrinarios de proporcionalidad que hay que respetar. En cualquier país del mundo, usted cuenta este caso y avergüenza, la verdad, avergüenza, que en un estado de derecho, apliquemos estas penas.
¿Qué se necesita para que, al salir de prisión, estas mujeres no cometan los mismos errores?
La Defensa Pública está proponiendo a varias instituciones, y nos hemos reunido, con el Inamu, el IMAS, el PANI, el IAFA, que tienen como función primordial velar por las mujeres jefas de hogar y en situación de vulnerabilidad. La cooperación internacional pidió proyectos, entonces, el plan consiste en que cada vez que una mujer de estas ingresa, nosotros podamos ponerla en contacto con todos esos actores, y ver, por ejemplo, en qué domicilio van a quedar, qué apoyo se le puede dar a la familia, quién va a atender a los hijos, los bonos de estudio, apoyos económicos.