La Corte Plena le pedirá al Departamento de Planificación un informe completo de cuáles son los rubros que en los últimos cinco años, han disparado el presupuesto del Poder Judicial.
La resolución de los magistrados se tomó este lunes, al acoger una propuesta de Fernando Castillo, miembro de la Sala Cuarta, quien hizo pública su preocupación pues por un lado tienen un crecimiento de la demanda y se les exige mejorar el servicio, pero por el otro lado se tienen que aplicar recortes al presupuesto.
La idea de Castillo es que, conociendo al detalle cuáles son los disparadores del gasto, “se podría hacer una propuesta de sostenibilidad porque el modelo de justicia que tenemos difícilmente será sostenible”.
El alto juez hizo referencia a que incluso en los últimos años se han puesto en ejecución nuevas leyes, como por ejemplo la de crimen organizado, que implican mas gastos, pero que no tienen contenido presupuestario.
Por su parte, la magistrada Carmenmaría Escoto, integrante de la Sala Primera, dijo que también podría ser el momento para analizar si es prudente la separación de los órganos auxiliares como son el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Defensa Pública, y que el Poder Judicial siga con la labor jurisdiccional.
Mientras que Julia Varela, de la Sala Segunda, consideró que también el informe podría dar una luz de cuáles son las áreas en las cuales se están gastando más recursos y analizar la posibilidad de reorientarlos. “Tendría que ser un informe muy exhaustivo”, advirtió.
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, dijo que una vez conocido el diagnóstico se podría tomar decisiones, como por ejemplo si el asunto se pasa a manos de una comisión de magistrados, como inicialmente, lo había propuesto Fernando Castillo, para que ese grupo presente las recomendaciones a la Corte Plena.
A mediados de junio pasado el Poder Judicial anunció que, en respuesta a la solicitud de austeridad de la ministra de Hacienda Rocío Aguilar, harán un recorte equivalente al 0,4% de su presupuesto actual.
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Según informó la Corte, se quitarán ¢2.073 millones del plan de gastos del 2018, el cual es de ¢474.792 millones.
Los recortes se hicieron en las partidas de transporte y viáticos al exterior, actos protocolarios, suplencias, publicidad y propaganda, pago de horas extras, anualidades, disponibilidad, otros incentivos, alquiler de equipo de cómputo y servicios de telecomunicaciones.
La Corte aseguró en aquel momento en que, con las condiciones actuales, ese ahorro de 0,4% es el más alto al que puede aspirar en el Poder Judicial.
“El Poder Judicial está comprometido en reforzar acciones que permitan fortalecer la disminución del gasto público. De acuerdo a las obligaciones vigentes, estas son las posibilidades de las cuales se dispone”, comunicó la entidad, ante consulta de este medio.