El magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez, presentó una denuncia contra cinco agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tres fiscales y un funcionario administrativo, por haberlo espiado durante los últimos tres años a través de la Plataforma de Información Policial (PIP).
La solicitud de investigación penal y administrativa fue planteada el lunes ante el Ministerio Público y la Inspección Judicial, confirmó el magistrado.
La denuncia indica que entre el 2013 y mayo del 2016, los nueve funcionarios realizaron 14 consultas de su nombre a dicha plataforma, la cual fue creada en julio del 2009, cuando entró a regir la Ley contra la Delincuencia Organizada.
"Lo preocupante es que no hay causa de investigación, no hubo motivo para ser consultado, no soy investigado. Además, por los cargos que ostento gozo de inmunidad. He solicitado que se determine si existió espionaje, violación a la intimidad y violación de fuero", expresó Gamboa.
Añadió que le preocupa que esas consultas hayan sido realizadas cuando fue designado como director del Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), ministro de Seguridad Pública en la presente administración y como magistrado de la Sala Tercera, puesto que desempeña desde febrero del 2016.
"Sobre mí pesaban asuntos que eran secreto de Estado y tenía información sensible", dijo en referencia a cuando fue director de la DIS.
Caso Keylor Navas. El magistrado Gamboa se enteró que fue espiado a raíz de una consulta a la Policía Judicial, después de que salió a la luz pública que el futbolista costarricense Keylor Navas también había sido espiado sin justificación en el 2014.
Después de que el exdirector del OIJ, Francisco Segura, denunció que había espionaje contra Keylor Navas en el 2014, Gamboa solicitó la información y en diciembre de este año el OIJ le certificó las consultas en el informe 60-OPO-ECU-2016.
"Mi familia, mis hijos, mis matrimionios, fueron accesados sin causa alguna de justificación. Eso nos remite nuevamente a una profunda reflexión sobre este tipo de acciones", agregó el magistrado.
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Por el caso Navas fueron sancionados 25 funcionarios. En una primera resolución, a 24 de ellos se les suspendió un mes, sin goce de salario, y al otro, tres meses sin sueldo.
Sin embargo, tras resolver una apelación, el Consejo Superior bajó la sanción a 10 días para nueve funcionarios y cinco días para otros 14. De otros dos funcionarios no se supo si el castigo se mantuvo igual.
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OIJ defiende plataforma. Por su parte, el director del OIJ, Wálter Espinoza, dio una conferencia de prensa la tarde de este martes para referirse a la plataforma.
De acuerdo con el jerarca policial, esas consultas fueron realizadas antes de enero del 2015, excepto las que realizó el funcionario administrativo, quien labora en el departamento de Gestión Humana.
Según Espinoza, antes del 22 de enero de 2015 "no habían obstáculos o condiciones objetivas que impidieran el acceso". Después de esa fecha se hicieron ajustes para blindar el acceso a ese sistema de consulta. Por ejemplo, a partir de esa fecha se pide una justificación del por qué se está haciendo la consulta.
"Yo puedo responder por la gestión del OIJ a partir de diciembre del 2015, cuando asumo la dirección, eso no significa que esté evadiendo la responsabilidad, pero las investigaciones, las auditorías y las revisiones que se han hecho con anterioridad dan tranquilidad, transparencia y señalan que el Organismo va por el derrotero adecuado", manifestó Espinoza.
El director de ese cuerpo policial añadió que la información de la plataforma a la que tuvieron acceso los trabajadores denunciados corresponde a datos que son"muy pobres" y que se encuentran en el Registro Civil, Registro Público, Migración y foto de la licencia.
Añadió que los datos que tenga la plataforma y las secuencias que permitan hacer rastreos de lo sucedido fueron puestos a disposición de la Inspección Judicial y la Fiscalía.
La presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, instó la tarde de este martes a la Inspección Judicial para que investigue, inmedidamente, los hechos denunciados por Gamboa.
" E stas irregularidades no deben ocurrir y por ello se debe llegar hasta las últimas consecuencias porque es un uso indebido de los recursos y de herramientas institucionales que se tienen a disposición de la investigación penal", comunicó Villanueva en un comunicado.