Maribel Retana, la mamá de Josebeth Retana Rojas, reaccionó con alegría y optimismo al saber que queda una posibilidad de exigir cuentas por la muerte de su hija, una escolar de ocho años que desapareció el 5 de setiembre del 2005 en Ticari de Sarapiquí, provincia de Heredia. Cuatro días después, su cadáver apareció dentro de un saco en una quebrada, a 600 metros de donde vivía.
El pasado 20 de setiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio tres meses al Gobierno de Costa Rica para que le haga llegar las observaciones sobre lo actuado en torno a ese homicidio.
En febrero del 2020, la Comisión con sede en Washington, Estados Unidos, había admitido para estudio una demanda contra el Estado, planteada por los abogados y periodistas Ronald Moya y David Delgado, quienes alegan que hubo impunidad en el homicidio de Josebeth Retana.
“Me alegré un montón cuando el abogado Moya me llamó y me dijo que ha habido una nueva señal. Confío en que haya respuesta y castiguen verdaderamente a los que no hicieron bien el trabajo, como los fiscales, pues existía mucha prueba en contra del sospechoso”, dijo la madre.
Afirmó que ha esperado por 17 años, de modo que puede esperar un poco más, con el fin de dar una lección a las autoridades judiciales y que “se despabilen” cuando pasen otras cosas así.
En aquella ocasión, el examen de Patología Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio con tres vellos púbicos en el cuerpo de la niña, los cuales fueron sometidos a estudios comparativos de ADN y uno de ellos arrojó resultados positivos al ser comparado con los del sospechoso, de apellido Salamanca.
Pese a esa prueba y a que el cuerpo de la menor vestía el uniforme escolar, pero no su calzón, que nunca apareció, los expertos forenses determinaron que la niña no había sido violada por el homicida.
De igual forma, la denuncia dice que testigos vieron por última vez con vida a Josebeth aquel 5 de setiembre, cuando regresaba de la escuela, y que vieron a Salamanca cerca del sitio donde la niña desapareció.
El informe de los agentes judiciales no originó ninguna reacción en contra del sospechoso. “Salamanca no fue indagado. Ni siquiera se le tomaron los datos previos que son normales en toda investigación, máxime cuando un informe del OIJ lo señala en prueba indiciaria sólida. La Fiscalía ignoró el informe policial”, dice la denuncia.
¿Una venganza?
Maribel Retana defendió el trabajo que hizo el OIJ, pero no así el de la Fiscalía, pues afirma que incluso quemaron las prendas, zapatos y otras cosas de su hija, halladas en el saco donde la metieron, aunque ella las reclamaba.
“Muchos me juzgan mal, diciendo que el sospechoso tenía algo que ver conmigo, pero eso no es así. Yo no tenía ninguna amistad con él. La gente me pregunta por qué motivo él hizo eso, yo les digo que posiblemente fue en venganza, porque yo le compré una propiedad al papá y él me la comenzó a cobrar como si fuera suya. Como no le di la plata y le dije que el negocio era con el papá, entonces tomó represalias por ese lado”, afirmó.
Esta mujer vive en pobreza en Ticari de Horquetas, Sarapiquí. Tiene a cargo la crianza de los cuatro hermanos de Josebeth, dos mayores y dos menores que la fallecida. Actualmente, el último retoño tiene 17 años.
Hace seis años está separada de su pareja y se dedica a vender mangos y prestiños, pero afirma que las ventas han estado bajas. Ella cursó hasta sexto grado de la escuela primaria en el centro educativo La Guaria de Puerto Viejo.
Cuestionan impunidad
Ante la CIDH, los denunciantes afirmaron, el 11 de febrero del 2020, que las autoridades judiciales dejaron prescribir la causa, pese a que el OIJ presentó oportunamente a la Fiscalía General dos informes conclusivos con suficiente prueba indiciaria que individualizaba como único sospechoso a Salamanca, vecino de la menor asesinada.
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“No obstante, la Fiscalía no realizó ningún acto para elevar el caso al control jurisdiccional, de manera que se pudiese determinar si existía mérito o no de someter al sospechoso del homicidio a un contradictorio, provocando entonces impunidad”, dice el escrito.
La denuncia responsabiliza a la exfiscala general Emilia Navas Aparicio, quien en el 2005, cuando ocurrió la muerte de Josebeth, fungía como fiscala adjunta de Heredia y luego autorizó el archivo del caso por parte de la Fiscalía de Sarapiquí, que era parte de su jurisdicción.
Otro de los denunciados es Minor Jiménez Alvarado, un exjuez que en esa época era el fiscal encargado del caso en Sarapiquí. El tercer implicado es Luis Alberto Soto Barrantes, quien no participó de las pesquisas, pero dictó la resolución para archivar el expediente, el 22 de noviembre del 2007.
Por lo tanto, la denuncia pretende que se declare la responsabilidad del Estado costarricense en perjuicio de Josebeth y sus familiares por violación al derecho de protección judicial y garantías judiciales, así como violación del derecho a la vida y violación de los derechos del niño, con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De igual forma, solicitan que se deje sin efecto el archivo fiscal del expediente por el homicidio y que se reanude el proceso judicial en el estado en que se encuentre. También se prevé una reparación de los perjuicios causados a la niña y a su madre, Maribel Retana, mediante el pago de una indemnización por un monto que luego se definiría.
Ahora, corresponde a la Cancillería realizar las gestiones pertinentes, para dar respuesta a la CIDH.
Así era Josebeth
La madre que no pierde la fe en que se pueda condenar al Estado y agradece a sus abogados por acompañarla en la lucha buscando justicia y que la muerte de su hija no quede impune.
Cada vez que nota avances en el caso, ella recuerda a Josebeth. Dice que era muy callada con la gente extraña, pero que dentro de la casa más bien era hiperactiva. “Yo veo la foto de ella y pienso que, si estuviera viva, ya fuera toda una mujer, de 25 años. Tal vez habría logrado su meta de ser enfermera”, agregó.
Maribel, de 48 años, tiene cinco hermanos y es la penúltima de ellos. Manifestó que ninguno le comenta sobre Josebeth, la única es su madre, quien ante la inacción de la Fiscalía, a veces le dice que mejor hubiera tomado la justicia en sus manos.
“Yo le digo que no, que eso se lo dejo a Dios e, incluso, que ya perdoné al sospechoso. Yo pido a Dios que tenga misericordia de él y que ojalá algún día se arrepienta de lo que hizo”, sostuvo.
En entrevista con La Nación, dijo que hace como un mes vio al sospechoso en Horquetas, luego de muchos años. Estaba cerca de donde vive la familia de él. Ella iba en bicicleta y el hombre caminaba con un hijo por la calle paralela a la pista, la misma calle por la que caminaba Josebeth cuando iba a la escuela.
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La muerte de la niña que soñaba ser enfermera
A las 2:40 p. m. del 5 de setiembre del 2005, Josebeth Retana, de ocho años, salió de clases y emprendió sola el viaje de un kilómetro de regreso a su vivienda, en Ticari de Horquetas de Sarapiquí, Heredia.
Según informes del OIJ, que fueron dados a conocer en el 2012 por este medio, siete personas aseguraron haberla visto caminando sin compañía hacia su vivienda.
A eso de las 3:30 p. m. de ese día, otro niño la observó avanzar, mientras ella cargaba un jeans que otra chiquita le regaló. La última vez que Josebeth fue vista, estaba sentada debajo de un árbol y luego siguió hacia una plantación de palmito de pejibaye.
La Policía Judicial presume que ahí fue donde el asesino la interceptó. En un momento dado la habría golpeado levemente en la cabeza para dejarla inconsciente y así poder meterla en un saco de fibra sintética, que dejó en un río.
A las 5 p. m., Josebeth aún no había regresado a su vivienda, por lo que su madre, Maribel Rojas, fue a buscarla a la escuela y al ver que no estaba allí, alertó a las autoridades.
La búsqueda duró tres días sin dar resultado. No fue hasta el 11 de setiembre cuando un pescador reportó haber encontrado el cuerpo de la niña dentro de un saco, que estaba en la quebrada Lajas.
La menor estaba en posición fetal y con su uniforme puesto. Eso sí, no tenía ropa íntima, el pantalón no tenía botón y la cremallera estaba descosida.
Según un reportaje del 2012, la Policía Judicial indicó que en el cuerpo no encontraron indicios de acto de defensa. Se descartó también la violación. Además, ella portaba todas sus pertenencias: el salveque rosado con sus cuadernos y el pantalón que recién le habían regalado.
En la ropa de la niña se encontraron vellos púbicos de un vecino de la zona, de apellido Salamanca, y de Rojas, la mamá. Sin embargo, para la Fiscalía, estos indicios generaban dudas.