El Juzgado Penal de Hacienda, con sede en los Tribunales de Goicoechea, suavizó este miercóles las medidas cautelares contra las seis personas a quienes el Ministerio Público señala como miembros de una supuesta red que generó pérdidas por ¢9.000 millones al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
En una audiencia privada que se realizó durante la mañana, una jueza eliminó la obligación de firmar cada 15 días en un despacho judicial y también limitó solo a tres implicados la prohibición de ejercer cargos públicos.
La juzgadora (cuyo nombre no fue posible conseguir) mantuvo, por un período de cuatro meses, la prohibición de salir del país, les pidió mantener domicilio fijo y no molestar a testigos, comunicó la oficina de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Los sospechosos en este caso son Freddy González Rojas, expresidente del Infocoop y exsecretario del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), Agustín Alfredo Rojas Durán, gerente de Financiamiento del Infocoop, Rómulo León Mora, Rosyrenen Rodríguez Rodríguez, Álvaro Gómez Ferrero y Milton Siles Zúñiga.
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A ellos se les atribuyen los delitos de malversación de fondos, peculado, influencia contra la Hacienda Pública, enriquecimiento ilícito y cohecho.
La decisión de no ejercer en puestos públicos es en referencia a Freddy González, Agustín Alfredo Rojas y Rómulo León.
Alejandro Marín Pacheco, defensor de González, dijo que apeló esta última medida pues no hay igualdad procesal con todos los imputados. Además, alega que la medida "no tiene lógica" pues desde mayo su representado había renunciado al cargo.
Mientras que Luis Alonso Salazar Rodríguez, defensor de Marín, alegó: "Él no es funcionario público en el sentido estricto, es un empleado que no ejerce facultades de administración ni de dirección, entonces no se justifica tenerlo suspendido del cargo porque no representa al Infocoop, es solo un empleado".
Tanto Salazar como Marín apelaron la medida de mantener la suspensión del cargo y todos los defensores impugnaron la prohibición de salir del país. El expediente será enviado al Tribunal Penal de Hacienda para que analice esas objecciones. El Ministerio Público no apeló.
Hechos.
En este proceso, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción atribuye a los imputados, presuntamente, formar un grupo que manipuló nombramientos en Infocoop y Conacoop, hizo reformas irregulares de reglamentos y falsificó actas para controlar el otorgamiento de créditos.
Así, presuntamente, pudieron distraer fondos que eran para favorecer el movimiento cooperativo y que habrían terminado en manos de personas y organizaciones afines a los miembros de la red, y en cooperativas con problemas de morosidad, que recibían préstamos con condiciones muy favorables; por ejemplo, extensos plazos para pagar.
El Ministerio Público aduce que esas anomalías generaron pérdidas en Infocoop de hasta ¢9.000 millones.
La defensa alega, por su parte, que en el expediente no constan elementos probatorios que hagan presumir que los sospechosos cometieron los delitos con los cuales se les está vinculando.
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