Un sacerdote de apellidos Brenes Villalobos, de 50 años, afrontará la justicia el año entrante luego de que el Poder Judicial programó el juicio para el 18 de abril del 2023. El cura es acusado por tráfico ilícito de migrantes y abandono de incapaz, luego de que llevó a su sobrino de seis años hasta una región fronteriza con Estados Unidos, donde lo abandonó.
Aunque se logró la finalidad de que el menor se encontrara con su madre, quien para ese momento residía en Nueva York, en condición migratoria irregular, la forma de hacerlo puso al niño en riesgo de muerte, pues cuando fue hallado por la Policía de Fronteras estadounidense, la temperatura llegaba a los 38 grados Celsius.
De acuerdo con el Departamento de Prensa y Comunicación Organizaciones del Poder Judicial, Brenes enfrentará a la justicia en el Tribunal Penal de San José, en un juicio programado para los días 18 y 19 de abril, pero del 2023, lo que originalmente no indicaron en el comunicado enviado antes de Semana Santa. Los delitos que se le atribuyen al imputado están regulados en la Ley General de Migración y Extranjería y en el Código Penal, con penas de hasta 10 años de cárcel.
Supuestamente, el religioso trasladó a su sobrino a México vía aérea, e ingresó con él por tierra a la zona fronteriza con Estados Unidos, donde lo dejó abandonado en el desierto de Arizona. La víctima fue encontrada por autoridades norteamericanas en junio del 2018.
El 6 de noviembre del 2019, Brenes Villalobos fue detenido en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, frente a la casa cural de la localidad donde se desempeñaba como cura párroco.
Tras la aprehensión, al hombre se le llevó vía aérea hasta el Tobías Bolaños, en Pavas, San José y luego al Primer Circuito Judicial de San José, donde al día siguiente se le dejó en libertad y sin medidas cautelares, debido a que contaba con todos los arraigos.
Brenes, quien también es abogado, no tiene parroquia a su cargo desde e 6 de noviembre del 2019 y solamente colabora en ciertas labores pastorales de la diócesis de Tilarán - Liberia. Dicha diócesis afirmó en su momento que estaba a disposición de las autoridades para facilitar la investigación y que la separación del cura de su cargo como ṕarroco se hizo para que tuviera toda la disponibilidad de hacer frente al proceso de investigación que afronta.
El caso se sigue dentro del expediente 18-00031-1321-PE.
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Nota: Este lunes el Poder Judicial aclaró que aunque en un boletín inicial enviado antes de Semana Santa se consignó el arranque del juicio para el 18 de abril, se omitió indicar el año del juicio, que será el próximo.