Una jueza penal de Limón, quien fue absuelta en un caso de narcotráfico, ahora ruega que la jubilen porque le tiene “fobia y rechazo” al Poder Judicial.
La solicitante es Yorleny Serrano Quintero, de 45 años de edad, quien tiene una plaza como auxiliar judicial, pero se desempeña como jueza.
Ella inició el trámite de su pensión por invalidez, luego de que en agosto del 2011 fue exculpada de la acusación de ser cómplice de una banda narco.
Por ese mismo caso, el Tribunal de la Inspección Judicial determinó en el 2009 la revocatoria de nombramiento de Serrano; no obstante, tras una apelación, se ordenó que fuera suspendida temporalmente.
Al pedir su jubilación, la funcionaria sostuvo ante el Consejo Superior que la situación que vivió afectó su estado emocional. Actualmente, ella lleva cuatro años incapacitada por psiquiatría.
Ante la solicitud de pensión, el 22 de julio de este año, el Consejo Médico Forense remitió un informe al Consejo Superior en el que concluyó: “Al momento de su valoración, el 4 de Abril del 2013, se encontró una persona mentalmente compensada, sin datos de enfermedad mental.
”La situación de las incapacidades prolongadas que presenta, escapan a los alcances de la presente valoración. La señora no se encuentra incapacitada para el desempeño de su actividad laboral habitual”.
Ese dictamen fue rechazado por Serrano, quien argumentó que otras valoraciones del mismo Consejo Médico, de Medicina Legal y de Medicina de Trabajo detectaron sus padecimientos.
“Si me vieron mentalmente compensada es porque estoy con tratamiento psicotrópico. Será que los doctores del Consejo Médico Forense querían observar a una persona con un zapato de una clase y otro de otra, mal vestida, con el pelo sin peinar y hablando incoherencias. Por Dios, no estoy demente”, respondió la jueza por escrito ante el Consejo Superior, según se detalló en el acta de la sesión del 6 de agosto del 2013.
“La verdad, lo profesional para mí ya murió, me lo mató el sistema, al cual le tengo fobia y rechazo, como ustedes (el Consejo Médico) lo indicaron en un anterior dictamen médico”, agregó la funcionaria.
Sin embargo, el Consejo Superior denegó la jubilación con base en el criterio médico.
La semana pasada, Serrano comentó a La Nación que presentó nuevos recursos, por lo que prefería no referirse al asunto.
Su abogado José Ramón Morales detalló que se apeló la resolución del ente superior.
Dos absolutorias. En el 2009, Serrano fue acusada de asesorar a una banda que trasegaba cocaína hacia México.
En octubre del 2010, el Tribunal de Juicio de Limón la absolvió y calificó de “chisme” la acusación.
Siete meses después, el Tribunal de Casación Penal de Goicoechea acogió un recurso del Ministerio Público y anuló la sentencia. La jueza volvió a juicio, y el 16 de agosto del 2011, el Tribunal la exoneró nuevamente, pero esta vez por dudas sobre la prueba.
Sandra Castro, vocera del Poder Judicial, manifestó que la entidad no tiene programas de atención específicos para funcionarios que vivan esas experiencias.
No obstante, Castro advirtió de que el servicio de salud interno atiende a todos los empleados que tengan padecimientos.