Interpol alertará a países donde viajen coleccionistas alemanes de hormigas condenados en Costa Rica

Dos sujetos intentaron salir del país con 12 arañas, más de 1.000 hormigas y un alacrán, el pasado 11 de febrero

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La Interpol le seguirá los pasos a los dos coleccionistas alemanes de hormigas sentenciados en Costa Rica por intentar sacar del país 12 arañas, más de 1.000 hormigas y un alacrán.

Por sentencia de un tribunal penal, La Policía Internacional y la Europol alertarán a cada país al que ingresen Daniel Goldnik y Detlef Ollesch, declarados culpables por infringir la Ley de Vida Silvestre en nuestro país.

Aunque se les condenó a ocho meses de prisión, los extranjeros quedaron libres, pues se les otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena por cinco años.

No obstante, si cometen un delito en Costa Rica durante el plazo de la pena, el beneficio se revocará y descontarán la condena en la cárcel.

La sentencia fue dictada el 14 de febrero por el Tribunal Penal de Flagrancia de Alajuela, pero el Ministerio Público la divulgó hasta este lunes.

Los imputados fueron detenidos el 11 de febrero, gracias a una alerta del gobierno de Alemania, que señalaba la posibilidad de que los hombres viajaran con varias especies de insectos sin autorización.

Oficiales de la Policía Aeroportuaria arrestaron en el aeropuerto Juan Santamaría a Goldnik, de 22 años, y Ollesch, de 54 años.

Según una entrevista con el medio regional alemán Solinger Tageblatt, Ollesch visitaba Costa Rica con frecuencia para llevarse las hormigas a Alemania, supuestamente “con el permiso de las autoridades locales”, para coleccionarlas o venderlas.

Él aseguraba ser el “primer criador de hormigas comercial de Europa”; sin embargo, dejó sus negocios por una enfermedad.

La información que el gobierno alemán envió al país revelaba que Ollesch sería reincidente en ese delito.

Estos animales tienen un alto precio en el mercado negro, por lo que se les traslada en contenedores especiales para que lleguen en buenas condiciones a su destino.

Los insectos y arácnidos suelen ser traficados ilegalmente, sin los permisos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), así como del país al que se envían, requeridos para evitar propagación de enfermedades.

Nota del redactor: la información fue corregida el 12 de marzo, al indicar la Fiscalía que la condena era de ocho meses, en lugar de cinco años.