Un funcionario de la Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia, quien es hijo del magistrado Jesús Ramírez, afronta una investigación por el uso de un vehículo oficial para ir a un prostíbulo.
El inspector judicial es Jesús Ramírez Campos, de 45 años, y fue sorprendido durante un operativo que realizó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Alajuela por un caso de explotación sexual.
El miércoles 6 de mayo, durante la vigilancia para hacer un allanamiento, los agentes observaron al funcionario llegar al sitio en un auto del Poder Judicial. Ramírez ingresó al local, estuvo ahí durante una media hora y se fue.
Posteriormente, la Policía hizo el registro y detuvo a un hombre y a dos mujeres como sospechosos de trata de personas con fines de explotación sexual.
Además, los agentes remitieron el caso de Ramírez a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Ayer, esa oficina confirmó que se inició una pesquisa por el delito de peculado de uso.
Según el Código Penal, esa falta la comete el funcionario “que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella”.
Este delito se castiga con prisión de tres meses a dos años.
En la institución. El Poder Judicial informó de que la Inspección Judicial abrió una causa por este caso. Ramírez labora en esa oficina investigando quejas sobre la conducta de los servidores.
A él se le suspendió por tres meses mientras se realiza la pesquisa, por lo que ayer no fue posible localizarlo.
A través de un correo electrónico, el Poder Judicial indicó que la Inspección determinará si existió falta y si se impone una sanción.
“La Presidencia de la Corte es ajena a este proceso y es respetuosa de cualquier conclusión de la Inspección Judicial”, señaló la entidad.
El magistrado Ramírez, quien es miembro de la Sala Tercera, dijo que como padre se siente mal, pero como magistrado, considera que se debe aplicar la ley, “independientemente de cómo se resuelva”.
El inspector Ramírez fue investigado en el 2011 por alterar datos de giras con el fin de cobrar viáticos de más y ausentarse del trabajo.
La Inspección Judicial concluyó en ese momento que los hechos eran gravísimos y que procedía el despido; sin embargo, el Consejo Superior cambió el castigo a 30 días de suspensión sin goce salarial.
Operativo. El allanamiento a cuatro casas en Alajuela lo realizaron, la tarde del miércoles, los agentes de la Unidad de Trata de Personas.
De acuerdo con la investigación, el hombre de apellido Lacayo, y las dos mujeres, apellidadas Marín y Mora, publicaban anuncios en periódicos en los que buscaban mujeres para, supuestamente, trabajar en labores domésticas y en salas de masajes.
Al parecer, luego las obligaban a tener relaciones sexuales con clientes de las salas de masajes bajo la amenaza de que, si se oponían, las dañarían a ellas y a sus familias. Las afectadas no recibían remuneración económica.