La Fiscalía confirmó este jueves por la tarde que solicitará prisión preventiva para siete imputados por el robo de ¢3.293 millones en el Banco Nacional. El anuncio lo hizo el fiscal Ronald Segura durante un receso de la audiencia que se desarrolla, desde las 2 p. m., en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en Goicoechea.
Según explicó, la prisión evitaría que alguno de los sospechosos se evada del país y se abstraiga del proceso penal, como ya ha ocurrido en otros casos donde el implicado logró viajar a países donde no hay ley de extradición.
Agregó que, en su criterio, este es un caso de peculado, pues se investiga a funcionarios públicos que habrían sustraido o distraído dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le fue confiada en razón de su cargo. Este delito, tipificado en el artículo 361 del Código Penal, se pena con cárcel de tres a 12 años.
Quienes podrían enfrentar medidas cautelares son un tesorero de apellidos Olivas Valle; el jefe de tesorería, apellidado Madrigal Faerrón; tres supervisores de procesamiento de efectivo: Blanco Oviedo, Ugalde Morales y Ramírez Sandí. Un contador apellidado Hernández Saborío y una autoevaluadora de procesamiento de efectivo: Cerdas Méndez.
Todos fueron detenidos el miércoles, luego de 11 allanamientos desarrollados por el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público y pasaron la noche en celdas del Segundo Circuito Judicial. Aunque la audiencia de medidas cautelares estaba prevista para arrancar el jueves por la mañana, se atrasó hasta las 2 p. m. por falta de oficiales de custodia.
Un octavo detenido, que se desempeñaba como oficial de seguridad privada, de apellidos Bolaños Zúñiga, quedó libre desde el miércoles en la noche sin ninguna medida cautelar, luego de que se le tomó la declaración indagatoria. Aunque no fue aprehendida durante los allanamientos, la directora jurídica del Banco, de apellidos Herrera Cantillo, también fue citada y, tras rendir declaración, también quedó libre. Ambos sí continuarán sujetos al proceso penal, confirmó este jueves la Fiscalía Anticorrupción.
La Procuraduría de la Ética Pública, por su parte, informó que se apersonó en el proceso penal 23-000369-1218-PE, en virtud de que hay funcionarios públicos involucrados. “Colaboraremos con el Ministerio Público en procura de sentar la responsabilidad penal, así como la responsabilidad civil por el daño social que se haya generado con ocasión de estos hechos”.
Robo millonario
Este asunto trascendió el 23 de octubre pasado, cuando el banco reconoció que tenía un faltante de ¢3.293 millones en una de las bóvedas de la sede central, ubicada en San José centro.
Ese mismo día, tras enterarse por la prensa, tanto el Organismo de Investigación Judicial, como la Fiscalía, iniciaron una investigación de oficio. Fue hasta la tarde que acudieron autoridades bancarias a presentar la denuncia, 20 días después de que tuvieran conocimiento del desfalco.
Este miércoles, tras 11 allanamientos, las autoridades judiciales detuvieron a ocho personas, entre ellos a Olivas Valle, a quien se señala como el sospechoso de la sustracción del dinero.
Según grabaciones de cámaras de seguridad, el sujeto aprovechaba un punto ciego de los equipos de vigilancia electrónica para ingresar a la bóveda. Sacaba dinero, lo empacaba en sobres de manila y salía del banco sin que fuese requisado por el resto del personal encargado de seguridad y control.
También informó el OIJ que Olivas invertía entre ¢100.000 y ¢3 millones diarios en loterías para obtener ganancias, producto de los premios, y luego depositarlas en su cuenta bancaria. Esto, precisó Carlo Díaz, fiscal general, puede ser considerado como lavado de dinero.