Tres de los cuatro hombres que denunciaron al exsacerdote Mauricio Víquez Lizano por presuntos delitos sexuales reclaman ¢300 millones, ¢100 millones para cada uno, a la Iglesia católica, al considerar que hubo un aparente encubrimiento en este caso. Sin embargo, por medio de un comunicado de prensa, la institución religiosa rechazó cualquier responsabilidad.
Este viernes, durante la audiencia preliminar en el Tribunal Primero Colegiado de Primera Instancia de San José, se elevó el caso a juicio, el cual fue programado para el 25 de marzo del 2022 a partir de las 9 a. m. Rodolfo Alvarado Moreno, representante legal de los denunciantes, aseguró que esta demanda de carácter civil es contra la Iglesia católica en la figura de monseñor José Rafael Quirós, como máximo jerarca, las Temporalidades de la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal.
“El papa Francisco ha señalado qué cosas que suceden por parte de curas de la Iglesia católica deben ser resueltas de manera abierta y cristalina, dándole a los afectados una indemnización económica por el daño moral causado, pero no es así la actitud de la Iglesia católica de Costa Rica y no fue así la actitud tampoco de los abogados que participaron en la audiencia, en el sentido de que en la etapa de la conciliación ni siquiera se interesaron por hacer alguna propuesta, por lo que tenemos que irnos a un juicio donde se conocerá la prueba, las conclusiones de los abogados y la sentencia”, explicó Alvarado.
Los hombres que acudieron a esta vía se apellidan Rodríguez Solera, Venegas Abarca y Muñoz Quirós, mientras que el otro denunciante, de apellidos Alvarado Quirós, decidió mantener su proceso únicamente por la vía penal. Precisamente, su denuncia es la única que, según el criterio de tres jueces del Tribunal Penal de Desamparados, sigue vigente. Las otras tres, a partir de la evaluación de los juzgadores, están prescritas; sin embargo, la Fiscalía y el abogado querellante apelaron y están a la espera de la resolución.
Precisamente, Rodolfo Alvarado indicó que en este caso el proceso civil y penal no se relacionan. “La prescripción en la parte civil se interrumpió cuando el tribunal eclesiástico (interno de la Iglesia) que analizó lo acontecido por Mauricio Víquez, hace un par de años, reconoció lo actuado por Víquez y lo sentenció reconociendo todos los actos realizados por él, entonces lo penal no tiene nada que ver con lo civil”, aseguró.
Mediante un breve comunicado de prensa, la Iglesia católica rechazó la responsabilidad civil que se le achaca por el caso del exsacerdote Víquez y recalcó que las causas están prescritas. “Se realizó una audiencia preliminar dentro de un juicio de resarcimiento civil, relacionado con las acciones del Sr. Mauricio Víquez Lizano. Es importante aclarar que, en el expediente judicial, hemos refutado la veracidad de los hechos en que pretenden fundamentar la responsabilidad civil de los demandados y debe quedar claro que será el Tribunal en sentencia quien definirá la verdad. También se debe tomar en cuenta que, en la vía penal, las causas de los demandantes fueron declaradas prescritas por un Tribunal de la República”, precisa el comunicado.
Las aseveraciones de la Iglesia católica se hacen a pesar de que párrafos después la Arquidiócesis de San José y la Conferencia Episcopal de Costa Rica indican que, “por tratarse de un caso en proceso, no es ni correcto ni oportuno referirse al fondo del asunto en cuestión, ni habrá otras declaraciones. Confiamos plenamente en la actuación de las autoridades civiles en aras del esclarecimiento de este caso para bien de todos, con fundamento en la verdad”.
Juicio penal
Alvarado también adelantó que el juicio penal contra Víquez fue agendado para el 24 de enero próximo y se extenderá, al menos, hasta el 28 de enero.
A Víquez Lizano, exvocero de la Iglesia católica costarricense en asuntos de familia y reconocido por sus fuertes planteamientos en pos del matrimonio tradicional, se le cuestionó por supuestos delitos sexuales en perjuicio de menores desde octubre del 2018. La primera denuncia la presentó un hombre de apellidos Alvarado Quirós. Después, otros tres hombres de apellidos Venegas Abarca, Muñoz Quirós y Rodríguez Solera lo denunciaron ante la Fiscalía por delitos similares.
Ante ello, la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género abrió una investigación en contra de Víquez. Todos los hechos que se le asocian habrían ocurrido varios años antes, cuando las cuatro víctimas eran menores de edad. En medio de toda esta situación, el religioso abandonó Costa Rica el 7 de enero del 2019. Estuvo en Panamá y luego cruzó a México, donde fue detenido el domingo 18 de agosto de ese mismo año en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía redoblaron los esfuerzos para dar con el paradero del exsacerdote en febrero; sin embargo, fue hasta el 11 de abril del 2019 cuando tuvieron indicios de su ubicación. Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, afirmó en conferencia de prensa un día después de la detención, que la apertura de dos cuentas de redes sociales por parte de Víquez les permitió hacer un trabajo de inteligencia coordinado con las autoridades mexicanas.