El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) investigó las llamadas del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del jefe de la Policía de Control de Drogas (PCD) porque presentaban un gasto excesivo.
La pesquisa tomó en cuenta solo nueve meses, que fueron los de mayor erogación. Cinco meses corresponden al año 2011 y cuatro meses del 2012.
En el caso de Francisco Segura Montero, director del OIJ, se determinó que el ICD pagó en el periodo estudiado ¢868.000 y “ la mayoría de llamadas salientes se dirigieron a números que pertenecen a particular”.
De Allan Solano, jefe de la Policía de Control de Drogas (PCD), el análisis concluyó que se cancelaron ¢2,3 millones, donde “la mayoría de llamadas fueron al Ministerio de Seguridad Pública y el resto a particulares.
Dicho estudio, preparado por Deyanira Bermúdez Calderón, fue conocido en la sesión del Consejo Directivo del ICD, el 17 de junio del 2013, donde se decidió recordar a las personas que tienen teléfonos del ICD, usarlos solo para labores propias del cargo.
Campaña. Francisco Segura desacreditó los datos del informe pues alegó que toma en cuenta solo unos meses. Agregó : “ Es claro que en mi caso, esos números que citan, corresponden a mi novia, pero yo también llamó a mi hermano, mi tía y a otros familiares”.
El jefe policial dijo que se sorprendió de la auditoría, pues en el documento no se dan a conocer los gastos de las otras personas que tienen teléfonos otorgados por el ICD.
“Para mí, la auditoría hizo un rastreo ilegal de llamadas y hasta el fiscal general (Jorge Chavarría) tiene conocimiento de eso. Me parece que esto es una campaña para desprestigiarme, totalmente dirigida contra mi persona. No sé por qué motivo . No he cometido ninguna falta y estoy abierto a que se me investigue, pero de algo sí estoy claro, no he hecho nada malo”, advirtió Francisco Segura.
El director del OIJ dijo que además, cuando les entregaron los teléfonos, nunca se les informó cuál era el montó máximo de gasto ni a quienes se podía o no llamar. Esto último también lo ratifica el informe de la Auditoría del ICD.
No es ilegal. Por su parte, la oficina de prensa de la Fiscalía, en un comunicado, admitió que policías y fiscales tienen asignado teléfonos de uso discrecional “para comunicarse con informantes confidenciales, contactar otras autoridades (...) que son de naturaleza absolutamente reservada para no arriesgar las investigaciones en proceso”.
Detallaron que la Auditoría del ICD incluyó, además de los montos, “los teléfonos a los cuales se llamaron. Aunque esto no constituye un rastreo y –por ende– tampoco un rastreo ilegal porque los números reportados son las llamadas facturadas y no las llamadas recibidas, pero este último aspecto es en sí un riesgo de seguridad”.
El Ministerio Público comunicó que “al no existir delito ni un límite establecido en la facturación de los teléfonos de uso discrecional, no se abrió ninguna investigación de índole penal ni administrativa”.
Carlos Alvarado, director del ICD, dijo que en este caso no podía referirse pues el asunto solo compete al Consejo Directivo.