Eddy Ulate, investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que participó en la pesquisa por el homicidio del universitario Marco Calzada, afirmó que “no le quedaba duda” de que el crimen “fue orquestado y no un encuentro fortuito”.
Esta aseveración consta en el informe de investigación del caso y trascendió este miércoles durante la continuación del juicio en el que se juzga a dos adultos por la muerte a puñaladas de Calzada, acaecida en julio del 2022 en las cercanías del arco del barrio chino, en la capital.
Los acusados son los hermanos Josué Daniel, de 22 años, y Justin Manuel Rojas López, de 20, que lo habrían interceptado junto a tres menores de edad para robarle el celular. Estos últimos ya fueron sentenciados en un debate aparte.
Ulate explicó que en la declaración los acusados dijeron que quién cometió el hecho fue un menor de 14 años; sin embargo, el responsable fue uno de 17. En su momento dice que se cuestionó el por qué habían hecho esa afirmación, no obstante, después llegó a la conclusión de que ocurrió porque ‘buscaban el mínimo daño’.
“Para mí fue muy claro, y para nosotros como representación de investigación criminal, fue muy claro que el de 14 años tiene una pena menor; la ley lo prevé y lo visualiza como una persona con menor responsabilidad por su edad, entonces ellos logran acomodar todo, inclusive para responsabilizar al menor de 14 años, siempre en busca del mínimo daño”, mencionó Ulate.
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Grupo comprometido
Según el investigador, en sus 17 años de carrera profesional, es la primera vez que ve a un grupo tan ‘comprometido’ al ejecutar un plan, pues en su criterio y los videos que analizaron del asesinato, se consolidó la agrupación para cometer un asalto que culminó con la muerte de Marco, donde cada uno tuvo participación y establecieron una estrategia para generar impunidad.
Los sospechosos dijeron que venían caminando detrás de Marco, a 50 metros de él, cuando observaron como dos hombres se le acercaron y lo apuñalaron, minutos después vieron que el universitario se tambaleó y cayó al piso. Empero, la investigación permite afirmar que, luego del crimen, los acusados se quedaron en la escena y dieron información haciéndose pasar por falsos testigos, explicó Ulate.
“Que el grupo se haya quedado, haya interactuado con Fuerza Pública, personal del OIJ, haya accedido a dar sus datos con los investigadores de homicidios, hayan diseñado una narrativa consecuente, es impresionante, es impresionante que estas personas hayan tenido tal frivolidad de quedarse en el sitio, escuchar a Marco en su agonía; para mí es atroz y lo sigo considerando así. A esa conclusión arribé”, sostuvo.
Ulate finalizó diciendo que la entrega de los hermanos sucedió por la presión mediática y la entrega del primer menor que se presentó a la mañana siguiente del homicidio de Marco. Sin embargo, si eso no hubiese ocurrido, “los habrían identificado fácilmente por la gran cantidad de videos y prueba donde se les lograba identificar plenamente”.
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Celular como medio de pago
Antes de Ulate, declaró Esteban Ureña, un taxista formal que afirmó que uno de los menores de edad lo abordó en el Mall San Pedro y le preguntó que cuánto le cobraba por llevarlo a Guadalupe de Cartago.
Ureña le respondió que le cobraba ¢14.000 y el menor le dijo que su madre lo esperaba en la casa y era quien pagaría el servicio, pero a cambio le iba a dejar un teléfono celular como garantía de pago, el celular era el de Marco.
Al principio, Ureña dudó en llevarlo porque el menor se veía ansioso y movía mucho las manos, pero continuó con el viaje. Al llegar al lugar, el menor se bajó, tocó la puerta y le dijo al taxista que su mamá no estaba, pero que se llevara el celular y él lo contactaba luego para pagarle.
Posteriormente, continuó Rodrigo Gutiérrez, un oficial de Fuerza Pública, quien fue una de las primeras personas en llegar a la escena a acordonar las calles y resguardar el cuerpo. Allí estaban los dos hermanos Rojas López y un menor de edad, quienes alegaron que vieron el crimen porque caminaban detrás de Marco.
Gutiérrez les pidió que se quedaran en el lugar a colaborar y esperar a los agentes del OIJ para brindar su declaración y características de los supuestos criminales que asesinaron a Marco. Permanecieron en la escena, dieron sus nombres y la información que vieron.
La última en declarar este miércoles fue otra investigadora del OIJ, Andrea Ulate, quien recalcó que por la colaboración que prestaron los sospechosos en principio no hubo manera de relacionarlos con el asesinato, pero más adelante lograron vincularlos.
El juicio está programado nuevamente para el próximo 14 de julio, audiencia donde se espera que un testigo más brinde su testimonio antes de la revisión de prueba documental y audiovisual. Los otros tres menores de edad, dos adolescentes de 17 años y otro de 14, fueron sentenciados en noviembre a un total de 34 años y 6 meses de internamiento como responsables.
A los hermanos Rojas López el Ministerio Público los acusa de un delito de homicidio calificado y robo agravado, por lo que se exponen, según el Código Penal, a penas que van desde los 20 hasta los 35 años por el homicidio y cinco a 15 por el robo.