Un hombre de apellidos Méndez Salazar, que portaba una tobillera electrónica, fue detenido al intentar ingresar al campo ferial de Zapote.
El sujeto fue condenado a prisión, pero se le concedió una medida alternativa en la que solo tenía permiso de salida de su casa de habitación para ir a estudiar.
Según Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, el detenido además tenía dos dosis de drogas; fue presentado a la Fiscalía de turno.
La Ley 9271, del 30 de setiembre del 2014, estableció el uso de mecanismos electrónicos alternativos a la privación de libertad, tanto en su modalidad de sanción como de medida cautelar.
Con esa legislación, se pretendía descongestionar las cárceles, así como el respeto a los principios de proporcionalidad, racionalidad y dignidad humana.
En noviembre pasado, el ministro de Justicia, Gérald Campos, detalló ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que ese beneficio debería ser para adultos mayores, así como para detenidos por pensiones alimentarias o por delitos menores, pero no para integrantes de grupos de crimen organizado, como ocurre en la actualidad.
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En cuestión de cinco años, la cantidad de personas que usan tobillera electrónica creció un 260% al pasar de 528 usuarios en el 2018 a 1.869 en el 2022. El 50% de ese total gozan de ese beneficio pese a que enfrentan delitos contra la vida o narcotráfico.