Dos niños de 9 y 2 años, hermanitos de la menor de 13 años a quien le robaron a su bebé en Cervantes, quedaron bajo custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), dado el “riesgo y la vulnerabilidad” en el que se encuentran, informó la institución en un comunicado de prensa.
Los menores fueron ubicados en un centro provisional de cuido como una medida cautelar, por el plazo de un mes. Esta medida ya fue notificada a los representantes legales con el fin de garantizar la defensa y el debido proceso.
El anuncio se realiza pocas horas después de que trascendieran una serie de señalamientos contra el PANI por la forma en la que ha abordado el caso de la menor de 13 años que fue violada hace unos 18 meses y si se le ha brindado a ella, a su bebé y al resto de la familia el acompañamiento psicológico, psicosocial y legal que corresponde en estas circunstancias.
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Además de trasladar a los niños a un centro de cuido, el Patronato conformó un Órgano Disciplinario Colegiado para determinar la verdad real de los hechos y tomar las medidas correspondientes respecto de la intervención institucional, agrega el informe de prensa.
“El PANI tiene un proceso de intervención abierto en donde se tomaron medidas administrativas y judiciales para la protección de las personas menores de edad de la familia. Sin embargo, la ministra de la Niñez y la Adolescencia y Presidenta Ejecutiva del PANI, Gloriana López Fuscaldo, constituyó un Órgano Disciplinario Colegiado con el fin de analizar la intervención realizada por la Institución”.
La entidad asegura que las acciones psicosociales y legales desarrolladas por la entidad constituyen la fuente de información para la pesquisa judicial. “Los detalles de la intervención y la articulación realizadas no son públicos porque podrían interferir en el proceso de localización de la bebé”.
Este argumento coincide con las declaraciones brindadas por López Fuscaldo este miércoles tras el Consejo de Gobierno, cuando el presidente Rodrigo Chaves le advirtió que “si hubo denuncias, llamadas, avisos y el PANI no hizo nada, alguien tiene que responder y dar cuentas”. Ella en ese momento declinó profundizar pues alegó que el caso estaba en investigación interna.
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El Patronato asegura que, desde la sustracción de la bebé Keibril Amira García Amador, el domingo 9 de abril, en Mata Guineo de Cervantes, Alvarado, la entidad se mantiene en constante coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía Adjunta de Cartago y la Fiscalía Adjunta de Niñez y Adolescencia.
Agrega que existe un protocolo de la Comisión de Coordinación Nacional del Sistema de Alertas (Conasa) en el que se establece que es el OIJ el encargado de activar la alerta masiva y determinar la información que puede ser divulgada, para salvaguardar el interés vital de las personas menores de edad.
López Fuscaldo sostuvo que no puede ni debe normalizarse una violación, una relación impropia, un embarazo adolescente o cualquier otra forma de violencia sexual contra niñas, niños o adolescentes. “Hay que denunciar y proteger a las personas menores de edad que son víctimas. Respecto de la intervención institucional tomaré todas las medidas que correspondan”, concluyó.