Una fuerte discrepancia entre el fiscal de Bribrí, en Talamanca, y los jueces del Tribunal de Juicio de Limón, ocasionó que se anulara el debate en el que se juzga a tres hombres por dos asesinatos, ocurridos el 13 de octubre del 2014.
El hecho que generó la disputa fue la utilización de la figura de testigo sospechoso durante el juicio.
El asunto surgió cuando el representante del Ministerio Público, Luis Fernando Vindas Vargas, llamó a declarar a un hombre que estuvo en la escena y, presuntamente, no participó en los asesinatos. El testigo debió ser juramentado y rendir declaración de manera libre sobre el suceso que observó.
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Sin embargo, el Tribunal que integraron Milkyan Sánchez Aguilar, Jorge Sequeira Rodríguez y Geiner Mora Calderón, acogió la tesis de la defensa y estimó que no era pertinente juramentar al testigo. Determinaron que el hombre debía estar acompañado por un defensor, pues se trataba de una persona que también podría ser señalada como imputada, pues se trataba de un testigo sospechoso.
En el debate, el testigo, de apellido Álvarez, compareció y lo asesoró un abogado. Al interrogarlo alegó que no recordaba nada de lo acontecido. Para la Fiscalía este testigo era clave, pues debía identificar a los sospechosos y mencionar cómo ocurrieron los crímenes.
Ante el hecho, el fiscal pidió al Tribunal inhibirse (abstenerse de seguir conociendo el caso), pero los jueces rechazaron la gestión. Vindas apeló y solicitó que el asunto se conociera en otra instancia.
Al formalizar la protesta, alegó que los jueces, presuntamente, habían adelantado criterio al oponerse a recibir de forma libre la declaración del testigo.
El Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial informó de que el fiscal Vindas señaló que los miembros del Tribunal hicieron comentarios sobre el proceso de manera extrajudicial, además de que supuestamente mostraron un alto grado de enemistad con el fiscal.
Vindas también se quejó de haber recibido llamadas telefónicas de algunos de los integrantes del Tribunal, quejándose por su actuar en el debate.
A la Inspección Fiscal
En un comunicado de prensa se detalló que el asunto fue conocido por el Tribunal de Flagrancia de Limón, cuyos integrantes, Mario Piedra Díaz, Leslie Valverde Arroyo y Ronald Abarca Solano, aceptaron la tesis de la Fiscalía en el sentido de que Sánchez, Sequeira y Mora, debían apartarse del proceso y el juicio tenía que anularse.
Lo anterior, porque se verificó que "al menos dos integrantes del Tribunal realizaron manifestaciones extrajudiciales del juicio, contrario a lo establecido en el artículo 55 inciso g) del Código Procesal Penal", pues ese artículo prohíbe a los jueces hablar sobre un proceso con otras personas.
El Tribunal de Flagrancia no encontró pruebas para tener como cierto de que "algunos jueces" habían llamado al fiscal por teléfono, para quejarse por la forma de comportarse durante el debate.
Finalmente, ordenaron remitir lo acontecido a la Inspección Fiscal para que se proceda a la apertura de un proceso administrativo, pues en criterio del Tribunal, "el fiscal faltó a los deberes propios de su función", informó prensa de la Corte.
Juicio relevante
En el juicio donde ocurrió este incidente figuran como imputados Florentino Elizondo Ríos, Ariel Castellón Gómez y David Gómez Cadena. Se les atribuye el delito de homicidio calificado en perjuicio de José García García y José Luis Torres Torres.
Este caso fue juzgado en un primer juicio que concluyó el 17 de febrero del 2016, cuando el Tribunal de Juicio de Limón, condenó a Elizondo a 52 años de prisión, a Castellón a 41 y Torres a 40.
No obstante, el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago anuló la pena (el 29 de setiembre del año pasado) y ordenó un nuevo juicio, el cual había iniciado en mayo pasado. Ahora se tendrá que esperar la fecha para un tercer debate.
Entre tanto, se dispuso ampliar la prisión preventiva de los tres detenidos hasta el 19 de agosto próximo.
Hombre peligroso
Florentino Elizondo, un peón agrícola de 42 años, es considerado por las autoridades como un psicópata. Su primer lío con la justicia se registró el 1.° de abril de 1993, cuando, a los 19 años, siendo vigilante de un hotel en Barra del Colorado, mató de un balazo a su patrón, Guido Argüello Chaves.
Por ese asunto, el Tribunal de Juicio de Pococí lo condenó a 20 años de prisión el 1.° de octubre de 1998. Esa pena la cumplió el 28 de agosto del 2011.
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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala a Elizondo y a otro joven no identificado como los sospechosos de asaltar un autobús el 26 de julio del 2013, en Daytonia de Sixaola, de Talamanca, en el cual mataron de dos balazos al chofer, Helbert Álvarez Briceño.
El 12 de setiembre del 2014, la Policía Judicial lo vuelve a relacionar con un crimen: el asesinato del finquero Rafael José Molina Rojas, en Suerre de Jiménez, en Pococí. Este hombre fue hallado con heridas de arma blanca y se presume que el móvil del homicidio fue el robo, pues su celular apareció en Bribrí.
Elizondo se desempeñaba como cuidador de una finca colindante con la de Molina y, desde que trascendió la noticia del asesinato, desapareció de Suerre.
Luego en octubre del 2014, a este hombre lo vincularon con las muertes de José Luis Torres Torres, de 21 años, y José García García, de 23, ocurridos en Rancho Grande de Paraíso, Talamanca.
Asimismo, durante ese mismo mes el OIJ informó de que Florentino Elizondo podría estar ligado con las muertes de los finqueros Santiago Gerardo Campos Oviedo, de 57 años, y Gonzalo Laguna Vega, de 59, vecinos de Suerre, en setiembre del 2014.
Salvo el caso de los fallecidos Torres y García, los demás expedientes aún no han sido juzgados.