El Ministerio Público señaló que el expresidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Pedro Pablo Quirós Cortés, utilizó, para asuntos personales, un helicóptero contratado por la entidad para atender la emergencia provocada por el terremoto de Cinchona en el 2009. Por ello, solicitó que se le imponga un año y tres meses de prisión.
La gestión la hizo la fiscala Milena Brenes Brenes este jueves, durante un juicio que se realiza en los Tribunales de Goicoechea. Para la funcionaria, Quirós es el presunto responsable de los delitos de peculado de uso (emplear un bien del Estado en beneficio propio) y malversación de fondos (dar una aplicación diferente a un bien del Estado de la que tenía establecida), hechos cometidos en perjuicio de los deberes de la función pública el 21 de marzo del 2009, hace 13 años.
Según el Ministerio Público, durante la investigación se logró establecer que el acusado visitó la planta hidroeléctrica Cariblanco en compañía de varias personas, para luego trasladarse a la comunidad de Muelle de San Carlos, precisamente al Hotel Tilajari, donde asistió a la reunión de Coopelesca. Después se dirigió a Zarcero donde acudió a una boda y, posteriormente, a Puriscal, donde se reunió con directivos y gerentes del ICE.
Para la Fiscalía, de los anteriores recorridos, solo el primero le permitía a Pedro Pablo Quirós Cortés, como presidente ejecutivo del ICE en aquel momento, utilizar la aeronave para visitar Cariblanco. Las otras visitas no estaban autorizadas en la contratación del helicóptero. Sin embargo, señalaron que el acusado aprovechó las circunstancias para utilizarlo a su conveniencia y de terceras personas, para asistir a esos otros lugares, esto debido a que viajó con otros funcionarios.
Para la fiscala Milena Brenes, durante las audiencias quedó demostrado, con las declaraciones de los testigos y las pruebas documentales aportadas, que los delitos se cometieron y que “Pedro Pablo Quirós sabía que ese helicóptero era para la atención de la emergencia y él lo utilizó para asuntos personales”.
Además de la pena de prisión, solicitó que a Quirós lo inhabiliten en el ejercicio de cargos públicos durante un período de tres años.
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Federico Campos Calderón, uno de los abogados de Quirós, que tuvo a cargo las conclusiones por parte de la defensa, solicitó a los jueces la absolutoria de su representado pues argumentó que durante el juicio no se probó su actuar ilícito, además de que insistió que los hechos acusados no constituyen delito, pues son atípicos.
Insitió en que la visitas tenían un claro interés público tanto para el ICE como para el país, pues era para ver asuntos referidos a los daños causados por el terremoto. Asimismo, señaló que la empresa contratada nunca cobró al ICE ningún monto adicional por las paradas efectuadas.
Explicó que el motivo de la escala en Zarcero fue para que Quirós se reuniera con el exdiputado Ottón Solís, quien se encontraba en la zona y esa situación coincidió con la actividad social. Explicó que si la conversación no se dio fue porque Solís no aceptó reunirse. Asimismo, hizo ver que ese desvío a Zarcero era necesario para la recarga de combustible de la aeronave.
Los jueces a cargo de este asunto,Yorleny Campos Campos, Ilse Pérez Sanabria y Jorge Tabash Forbes decidieron que el por tanto de la sentencia lo darán a conocer este viernes a la 1:30 p. m.
Procesos fallidos
Este mismo asunto ha sido juzgado en dos ocasiones anteriores. La primera vez fue en agosto del 2011, cuando el Tribunal de Juicio de Hacienda lo condenó a un año y tres meses de cárcel. En aquella ocasión los jueces Franz Paniagua, Hugo Porter y Gustavo Jiménez le concedieron la ejecución condicional de la pena por un período de tres años. Además, el Tribunal lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante tres años.
Sin embargo, la Sala Tercera de la Corte anuló esa sentencia el 21 de junio del 2013 y ordenó un nuevo debate.
En un segundo juicio, realizado en mayo del 2015, el Tribunal Penal de Hacienda exoneró a Pedro Pablo Quirós de los cargos, según una sentencia firmada por los jueces Mercedes Muñoz, Juan Carlos Carrillo y Maureen Long. No obstante, el 4 de abril del 2016 el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea anuló la absolutoria y ordenó la realización de este tercer juicio.