La Fiscalía de Perú considera pedir al Ministerio Público de Costa Rica una parte de los $6,6 millones (más de ¢3.600 millones) confiscados de una cuenta bancaria vinculada al expresidente peruano Alejandro Toledo, investigado en ambos países por presunta corrupción y legitimación de capitales, en el conocido como caso Ecoteva.
Así lo dio a conocer este martes el medio peruano El Comercio. El periódico publicó que, según una fuente del equipo de fiscales encargados del caso, “no se puede hacer mucho” para que el país andino recupere esos fondos, los cuales pasaron a manos del Estado costarricense porque la sociedad que los recibió en territorio nacional, Ecostate Consulting Group S. A., no demostró el origen lícito de los mismos.
No obstante, la fuente afirmó que dicho equipo, coordinado por el fiscal superior Rafael Silva, le pidió a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, “que busque un entendimiento solidario para pedir que parte de ese dinero sea compartido con el Estado peruano”.
“Para ello se podría recurrir a los canales diplomáticos de la cooperación internacional, precisó la misma fuente, que recordó que Costa Rica supo del dinero gracias a la investigación que se realizó en el Perú sobre el Caso Ecoteva”, informó El Comercio.
Asimismo, la publicación citó al exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, quien dijo que el Estado peruano es la víctima del escándalo de corrupción, y debe explicarle a Costa Rica que ese dinero es producto de un soborno que se pagó por una obra de contratación pública, “por lo que le pertenece al Perú en gran parte o en su totalidad”.
El lunes, el Ministerio Público costarricense comunicó que el dinero pasó a manos del Estado tras una orden del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del pasado 28 de abril. Esta sentencia obedeció a un mecanismo conocido como proceso de Capitales Emergentes, iniciado por la Fiscalía si sospecha sobre la existencia de bienes y valores obtenidos por vías ilegales.
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Ecostate, la sociedad en cuestión, aparece en el Registro Nacional presidida por Sabih Saylan, conocido en Perú como la mano derecha del empresario peruano-israelí Josef Maiman.
Maiman habría sido el receptor del dinero de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a Toledo, presidente de Perú entre el 2001 y 2006. El pago fue a cambio de ganar un contrato para construir la carretera Interoceánica entre el país andino y Brasil.
La investigación se abrió en Costa Rica en el 2013, pues el dinero entró a cuentas del banco Scotiabank en el país. Se suspendió por más de tres años porque el Ministerio Público consideró que quienes figuraban en el expediente eran investigados por los mismos hechos en Perú y, además, en la causa no figuraban costarricenses.
Sin embargo, en el 2017 el expediente se reabrió porque la entonces fiscala general, Emilia Navas, consideró que había diligencias de investigación que se habían omitido en su momento.
Además de Toledo, los encausados son su suegra, Eva Fernenbug; y el encargado de seguridad durante su gobierno, Avi Dan On.
Actualmente, el expresidente está bajo prisión preventiva en Perú, luego de ser extraditado de Estados Unidos en abril.