La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acusó por tres delitos de peculado a la exdirectora jurídica del Poder Judicial, por utilizar subalternos para investigar y redactar una tesis para optar por el grado de doctorado en Derecho y para que le hicieran trámites personales.
La atribución de los cargos la hizo el Ministerio Público ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública contra la exfuncionaria Karol Monge Molina, en un caso que se tramita en el expediente 17-000113-1218-PE.
Por este mismo asunto la Procuraduría General de la República presentó una acción civil resarcitoria, para el respectivo cobro de daños y perjuicios.
Por el momento se está a la espera de que el juzgado señale la fecha para la audiencia preliminar, en la cual se solicitará el auto de apertura de juicio.
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Historia del caso
Los hechos que generaron este asunto ocurrieron entre los meses de mayo a agosto del 2016 y otra parte en el año 2017, según había determinó una investigación del Tribunal de la Inspección Judicial, que sirvió de fundamentó para el proceso penal.
Según la pesquisa administrativa, a la exfuncionaria se le atribuyó el presuntamente pedirle a un técnico judicial de apellido Bolaños, que le prestara colaboración para la confección de un documento de orden personal o sea la tesis para optar por el grado de Doctorado Académico.
El encargo que debía realizar (Bolaños) formaba parte de sus funciones dentro de la jornada laboral en la Dirección Jurídica, según concluyó la Inspección Judicial.
Asimismo, se determinó que para realiza aquella labor, al subalterno le fueron suministrados insumos tales como “libros para trabajar en la tesis y se le indicó que el tema a desarrollar era sobre la crisis del Estado Benefactor y la creación de la Sala Constitucional (...).
“Además le indicó que manejara con discreción ese asunto y que no le contara nada a nadie”.
En la pesquisa administrativa se señaló que entre los meses de mayo a agosto del 2016, Bolaños utilizó aproximadamente un 80% de su tiempo laboral para trabajar en la tesis y que además usó una computadora de escritorio del Poder Judicial en una oficina de la Dirección Jurídica, que estaba en el quinto piso del edificio de la Defensa Pública, en San José.
“En apariencia, Monge Molina empleó en provecho propio los bienes y servicios de la administración, propiamente, ordenando a dos de sus subalternos confeccionarle avances y revisión de su tesis de doctorado durante la jornada laboral y utilizando los equipos de cómputo de la institución”, señaló un comunicado de prensa de la Fiscalía, emitido este martes.
A Monge también se le atribuye presuntamente ordenar a otro subalterno de la Dirección Jurídica realizar trámites personales durante la jornada laboral, haciendo uso de un vehículo oficial de la institución.
El tema está relacionado con la utilización de un notificador judicial para que inscribiera a un hijo de la exfuncionaria en la escuela de fútbol del Club Sport Herediano, y para que en otra ocasión le llevara incapacidades de su esposo a la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia.
“En los meses de junio o julio del 2017 un notificador judicial de apellido Hidalgo, que laboraba para la Dirección Jurídica, a pedido de Monge se trasladó a las instalaciones del Estadio Eladio Rosabal Cordero (en Heredia), propiamente a la Oficina de Reclutamiento, a fin de inscribir a un menor de edad hijo de la denunciada Monge Molina, como participante en una actividad denominada “visoría de liga menor”, había determinado la Inspección Judicial.
Monge Molina, hoy de 41 años, fue la primera jefa de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, la cual fue creada en febrero del 2015. Ella fue relevada del cargo el 21 de noviembre del 2017 cuando la suspendieron durante tres meses precisamente por la investigación administrativa de estos hechos y renunció en el 2018. En ese momento tenía 15 años de laborar para el Poder Judicial.
La exfuncionaria, en una nota de descargo que había presentado ante la Inspección Judicial en la cual rechazó los cargos, negó que Bolaños colaborara en la confección de la tesis, pues argumentó que durante la investigación administrativa “no fue posible acreditar que yo llamara al señor Bolaños a mi oficina para ordenarle que trabajara en mi tesis doctoral. Yo realicé la tesis mucho antes de la fecha acusada, cuando me desempeñaba como auxiliar judicial”.