El recorte en plazas de peritos especializados en delitos informáticos y económicos que sufrió desde la semana anterior el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atrasará un año la realización de 390 diligencias investigativas.
El dato lo dio a conocer este martes la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, quien agregó que los procedimientos tiene que ver con análisis de equipos electrónicos, revisión de asuntos financieros y la confección de informes, que ahora se postergarán hasta el 2019.
“Estoy muy preocupada. No es posible que tengamos que atender asuntos graves y complejos con un personal tan reducido. No se justifica la no prórroga de esas plazas (...) y efectivamente de corrupción y el resto de casos que están dependiendo de la apertura de prueba relacionada con medios tecnológicos se van a ver afectados”, dijo Navas.
La reacción de la fiscala tiene relación con la molestia hecha pública por el director del OIJ, Wálter Espinoza Espinoza, cuando expresó que el Consejo Superior del Poder Judicial no aprobó la prórroga para la contratación de los peritos, quienes además de trabajar el caso del cemento chino, indagaban el del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y el de Yanber.
En total se eliminaran 15 plazas de peritos, seis financieros y nueve informáticos.
Emilia Navas confirmó que los peritos dejaron de trabajar la semana anterior y “en estos momentos hemos tenido que suspender diligencias que teníamos. Muchas se han reprogramado y no son solo esos casos que ustedes mencionan (cemento chino, Yamber e Infocoop), son homicidios, son asuntos de crimen organizado, son asuntos de violencia, caso en que hemos pedido la intervención de compañeros de delitos informáticos".
Consultada la fiscala sobre si esta decisión podría calificarse como un boicot para evitar la investigación de casos de corrupción respondió: “Espero que se determine que es una falta de comprensión e interpretación, que no entiendan la necesidad de las plazas y que no se trate de un boicot”.
Navas manifestó que este martes el director del OIJ, Wálter Espinoza, se reunió con el presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, para analizar la situación, pero alegó que desconocía el resultado de las conversaciones.
El tema será visto de nuevo este jueves en la reunión del Consejo Superior, del cual Cruz es el presidente pero cuando se vio el asunto de los peritos la presidenta del consejo fue Carmenmaría Escoto.
Voz de alerta
La alerta sobre el recorte de las plazas las hizo públicas el martes anterior el medio digital CRHoy y el mismo día el director de la Policía Judicial dio a conocer con mas detalle lo sucedido.
Espinoza, en una conferencia de prensa, afirmó que el Consejo Superior pretendía que el OIJ le rindiera cuentas sobre a qué se estaban dedicando los investigadores y el avance en las investigaciones.
"Pretenda que yo le rinda cuentas de cómo avanza una investigación en primer lugar, está invadiendo mi esfera funcional y la esfera funcional del OIJ, pero, además, pretende que yo viole el artículo 295 del Código de Procedimientos Penales.
“Ni una sola de las plazas que nosotros hemos captado para el tema del delitos financieros se ha utilizado en aspectos de naturaleza diferente, todas han sido utilizadas, hemos emitido reportes e informes, ejecutado allanamientos y cubierto a cabalidad las peticiones de la Fiscalía de manera seria y responsable”, afirmó Espinoza el 14 de agosto visiblemente molesto.
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Ese mismo día, el Consejo informó, mediante un comunicado de prensa, que los puestos se autorizaron para atender el caso del cemento chino, debido a su complejidad y porque así fue solicitado por la Dirección del OIJ, por lo que están a la espera de que el jerarca de la Policía Judicial rinda un informe sobre las labores asignadas a los peritos y, a partir de eso, definirán si se prorrogan o no las plazas.
“Tenemos clara la importancia de la investigación del cemento chino, lo que le pedimos al Organismo es que aclarara para determinar que la solicitud que remiten se contempla dentro de los supuestos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No podemos actuar en contra de la ley, nos tenemos que apegar a la norma legal”, manifestó Carlos Montero, integrante del Consejo Superior, en el boletín compartido con los medios.
El jefe del OIJ aseguró que brindará un informe “básico y liviano” del tema, porque bajo ninguna circunstancia puede detallar la forma en la que se desarrollan las investigaciones.
El Consejo tiene previsto analizar la petición del OIJ este jueves, un mes después de que se negara la prórroga para que estos funcionarios siguieran ligados a la investigación.
Wálter Espinoza aseguró que pidieron la reconsideración porque los casos todavía no finalizan y porque el cierre de cada investigación será decretado por la Fiscalía, tal y como lo dispone la ley.
Colaboró la periodista Eillyn Jiménez B.