Tras la desaparición de la bebé de nueve meses, Keibril Amira García Amador el 9 de abril pasado, el Ministerio Público aseveró que la institución tuvo conocimiento de la participación de un adulto en la violación de la joven de 12 años, mamá de Keibril, hasta la sustracción de la niña hace una semana; sin embargo, una denuncia del Ministerio de Educación Pública (MEP) dejó en evidencia que desde abril de 2022 el órgano acusador sabía de esa sospecha.
Este martes, el Fiscal General, Carlo Díaz Sánchez, reconoce que el Ministerio Público envió un comunicado el viernes pasado “donde erróneamente se generalizó que ese despacho no había sido alertado por parte de ninguna institución sobre la sospecha de que una persona mayor de edad estaba involucrada con la agresión sexual a la adolescente madre”.
No obstante, luego se constató que, efectivamente, en la denuncia sobre los hechos presentada por el MEP sí se hacía referencia al padrastro, un hombre de apellidos Casasola Salas, de 33 años.
“Verificada esa lamentable falencia, y con el fin de que no se repita en ninguno de los procesos que se tramitan y se tramitarán en el Ministerio Público, de manera inmediata se tomaron medidas correctivas de acatamiento obligatorio de todo el personal fiscal, para que se cumpla rigurosamente con todos los protocolos de abordaje y atención de las víctimas de delitos sexuales, en resguardo de la integridad de estas personas”, precisa el comunicado.
“Ordené que la Inspección Fiscal investigue cuál fue la actuación de los representantes del Ministerio Público en cada una de las causas y así determinar si hubo negligencia en la atención de este asunto, que amerite la aplicación del régimen disciplinario”, añade Díaz en un comunicado enviado hasta este martes a las 2:46 p. m.
Díaz también dijo que son conscientes de que no basta solo con encontrar el error, sino en que no se vuelva a repetir, por lo que instruyó a los fiscales adjuntos para que cumplan e implementen estrictamente los protocolos de actuación que ya existen.
Para garantizar un abordaje correcto, certero y oportuno, ‘en cualquier lugar del país donde se presente un hecho similar’ protegiendo los derechos fundamentales de las víctimas, principalmente los de las personas menores de edad.
“La Fiscalía General reitera una vez más el compromiso absoluto en la investigación respecto a la lamentable desaparición de la menor de edad y las agresiones sexuales en contra de esta adolescente madre, así como de todos aquellos casos de esta naturaleza. No escatimaremos recursos hasta poder establecer las responsabilidades penales de la persona o personas que resulten involucradas”, finaliza.
La desaparición de la pequeña trascendió mientras Díaz estaba fuera del país en una convención internacional sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de información y las comunicaciones con fines delictivos, por lo que hasta este martes se incorporó de nuevo a su despacho.
En su ausencia designó a un equipo que apoyó a los fiscales encargados del caso de la sustracción, así como la investigación previa que desarrolló el Ministerio Público de abril 2022 cuando presentó la denuncia, hasta octubre cuando la desestimaron ‘por falta de pruebas’.
Antecedente
En la denuncia presentada por el Departamento de Orientación del Liceo Manuel Emilio Rodríguez Echeverría en Cervantes de Alvarado, de la cual La Nación tiene copia, consta una declaración de la menor de edad embarazada.
En ella relata que el padre de la bebé es otro adolescente, de 13 años, que se llamaba Kevin pero no sabía su apellido, ni dónde vivía y además tampoco lo había visto en ese colegio; solo recordaba que lo conoció en la escuela. Sin embargo, al consultar en el centro educativo ningún alumno tenía ese nombre.
Al momento de escribir su relato, la estudiante estaba en presencia de su profesora guía y esta última comentó que la alumna escribía un renglón y volvía a ver a su madre, escribía otro y la veía de nuevo y así durante todo el proceso, indica el documento.
“Asimismo comenta que a ella (la profesora guía) ya le habían comentado sobre el caso del embarazo de la estudiante, indicándole que se sospechaba del padrastro de la estudiante”, agrega.
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El Departamento de prensa del Poder Judicial confirmó que la Inspección Judicial abrió una investigación preliminar por las actuaciones relacionadas con la solicitud de desestimación gestionada por el Ministerio Público, tras la denuncia por el delito de violacion a una menor de edad. A la investigación se le asignó el número de expediente: 23-1020-31 -DI.
El rastro de la pequeña Keibril se perdió el domingo 9 de abril en Mata de Guineo, en Cervantes de Alvarado, cuando su mamá, hoy de 13 años, la llevaba en coche por la comunidad. La pesquisa policial se orienta a que Casasola sustrajo la bebé para impedir que se le realizara una prueba de paternidad. Sin embargo, gracias al tamizaje que se le practica a los recién nacidos, la prueba se ejecutó el miércoles pasado en ausencia de la niña y confirmó que el sujeto es su papá.
Ahora Casasola, sin trabajo fijo y con antecedentes por tráfico de drogas, enfrenta delitos por sustracción de menor y violación.