El Tribunal Penal de Alajuela condenó a prisión a cuatro miembros de una organización criminal por asesinar a seis vendedores de cocaína.

Se trata de Ronald Gilberto Angulo Pérez, Pablo Fernández Salazar, Javier Rodríguez Gutiérrez y Elvis Keilor Castro Madrigal. El primero fue sentenciado a 150 años de cárcel y los otros tres a 75 años cada uno.

Sin embargo, todos estarán como máximo 50 años en un centro penal, ya que esa es la pena máxima que permite la ley costarricense.

Además, un sujeto de apellidos Piedra Segura y una mujer apellidada Ugalde Varela resultaron absueltos.

La sentencia en contra de la banda fue dictada este lunes por la tarde por los jueces Leonardo Pereira Valerín (quien presidió), Esmeralda Arguedas Carballo y Adrián Montero Fernández.

Ellos consideraron que la prueba analizada permite establecer la participación de los sujetos en tres crímenes distintos, con seis víctimas mortales.

Aunque se sospechaba que los asesinatos eran para apropiarse de la droga, el Tribunal no lo pudo confirmar.

Los homicidios por los que se acusó a estas cuatro personas ocurrieron entre agosto del 2015 y diciembre del 2016 en Desamparados de Alajuela y Coronado.

Angulo, un exoficial de la Fuerza Pública que trabajó en una empresa de seguridad privada, y Fernández fungían como líderes de la agrupación.

Por otra parte, el policía Carlos Roberto Hernández Mora fue condenado a tres meses de prisión por un delito de favorecimiento real. El uniformado no irá a la cárcel, ya que se le otorgó el beneficio de ejecución condicional.

“Pocos días después usted (Hernández) sostiene una comunicación con Angulo, haciendo referencia a la quema de un vehículo involucrado en uno de los hechos en Coronado. Esa conducta es reprochable y constituye un delito de favorecimiento real”, manifestó el juez Pereira.

La captura

Los sentenciados fueron capturados el 21 de junio del 2017, luego de seis allanamientos en Paso Canoas, Río Claro de Golfito, Playón Sur de Parrita, Puntarenas; Lomas del Río, en Pavas, y Purral de Goicoechea. En este último punto hubo dos despliegues policiales.

Según la investigación del caso, el grupo citaba a las víctimas, quienes eran de la zona sur, zona norte o Guanacaste, y al reunirse con ellos los privaban de libertad, en algunos casos los torturaban y finalmente los asesinaban, en apariencia para huir con los estupefacientes.

Los fallecidos presentaban heridas de arma de fuego o arma blanca y en algunos casos estaban maniatados.

Aparentemente, por las cantidades de droga que robaba la agrupación, entre 20 y 60 kilos en cada ocasión, se presume que luego vendían los estupefacientes en Costa Rica, con precios que rondan los ¢3 millones por kilo. Empero, esto no fue demostrado en el debate.

Angulo, Fernández, Rodríguez y Castro permanecerán en prisión preventiva por un año mientras la sentencia queda en firme.

Los crímenes

El primer crimen por el que se investiga a la banda ocurrió el 20 de agosto del 2015 en la urbanización La Giralda, en Desamparados de Alajuela.

Ahí fallecieron tres hombres dentro de una vivienda. Dos de ellos estaban maniatados, otro en el piso de la sala y el último recostado a un sillón. Una de las víctimas estuvo en la cárcel por problemas con drogas.

Las víctimas se identificaron como: Deilyn Salamanca Gutiérrez, de 40 años y con historial por transporte de droga vía aérea; Leonel Hidalgo Corrales, de 25 y sin antecedentes, y Mauricio Hidalgo Corrales, de 42 años y con causas por robo agravado.

El juez Leonardo Pereira explicó que “por el traslado que se da, la ubicación geográfica, el escenario del hecho y los videos como tal cerca del lugar del hecho, llevar a concluir al Tribunal de que en efecto este grupo de personas está vinculado de alguna manera con el homicidio”.

Pereira manifestó que las pruebas aportadas permitieron establecer que el crimen múltiple fue motivado por una negociación de narcotráfico y detalló que durante el debate solo se logró comprobar la participación de Ronald Angulo.

“La imputación solo es clara para Ronald, ya que José Pablo Fernández no tiene participación a nivel probatorio”, mencionó.

“En la situación de estar atados de manos (las víctimas) claramente hay una ventaja, como lo acusa el Ministerio Público. Por eso el Tribunal llega a la conclusión de que es una conducta alevosa”, indicó Pereira.

Agregó que una segunda persona participó en el hecho, pero esta no fue identificada.

Los otros asesinatos ocurrieron el 16 de abril y el 22 de diciembre del 2016 en Coronado.

En abril, en San Francisco de Coronado, las autoridades ubicaron los cuerpos de dos vecinos de Paso Canoas, quienes aparecieron con varios impactos de bala.

Una de las víctimas fue identificada como Carlos Manuel Beita Elizondo, de 50 años, quien no tenía antecedentes policiales. El cadáver presentaba dos impactos de bala en la parte de atrás de la cabeza.

El otro fallecido era Wilfredo Flores Ochoa, de 34 años, con antecedentes por infracción a la ley de psicotrópicos.

“Las víctimas son de la zona sur, son contactadas por este grupo criminal, son traídos a San José para realizar una negociación de narcotráfico. Un elemento de prueba es que la negociación se da en un centro comercial, el Ministerio Público recaba las cámaras de video y se observa con claridad el abordaje que se le da a las víctimas por parte de don Ronald, de don Javier y don Elvis”, afirmó el juez.

El último deceso a manos del grupo se registró el 22 de diciembre en El Rodeo de Coronado.

En esa zona se encontró el cadáver de Cristian González, 24 años, quien vivía en Corredores de Puntarenas.

Para estos dos crímenes se utilizó una misma arma de fuego y se logró comprobar la participación de los cuatro sujetos.

Sin relación

Inicialmente, al grupo se le vinculó con un homicidio múltiple registrado el 31 de octubre del 2015, en el que murieron tres personas, una de ellas menor de edad.

Los hechos sucedieron en Rancho Redondo de Goicoechea y los cuerpos aparecieron en una fosa clandestina casi dos días después.

Sin embargo, por motivos que no fueron precisados en el por tanto, este caso no fue castigado y se tendrá que esperar a la lectura integral para determinar los motivos por los cuales no se hizo mención al mismo.

Las víctimas del asesinato se identificaron como Roy Acuña Loría, de 40 años y Kenneth Cruz Matarrita, de 42. Ellos residían en San Carlos y La Cruz de Guanacaste, respectivamente.

El menor también habitaba en suelo guanacasteco.

Información actualizada a las 6:50 p. m. con más datos.