Un exagente judicial de apellidos Torres Zúñiga que aparentemente colaboraba con una organización criminal de robo de contenedores, no podrá salir del país y deberá firmar una vez al mes luego de que el Juzgado Penal de Atenas le impusiera medidas cautelares mientras se realiza una investigación en su contra.
Al hombre se le acusa de los delitos de robo agravado y cohecho propio (cuando un funcionario público recibe dádivas o cualquier otra ventaja, por hacer un acto contrario a sus deberes). Su detención se llevó a cabo el miércoles, tras presentarse voluntariamente a la Sección de Asaltos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El imputado se desempeñaba al momento de los hechos como agente de la Sección de Recolección de Información Policial (URIP) y colaboraba con vigilancias y seguimientos de la organización criminal, por lo que en apariencia, aprovechaba y compartía información al grupo criminal dedicado a asaltos y hurtos de contenedores en las rutas 32 (vía a Limón), 27 (vía a Caldera) y 1 (Interamericana), cuya operación se detectó entre febrero del 2018 y febrero del 2020.
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Según la Fiscalía, se presume que el modo de operar de la estructura consistía en interceptar los camiones y, con el uso de armas de fuego, amenazar al conductor, amordazarlo y posteriormente dejarlo abandonado en carretera. Después, remolcaban el contenedor con otro cabezal y lo trasladaban a predios donde lo ocultaban.
Supuestamente, el siguiente paso que daban era disponer de la mercadería, vendiéndola al menudeo o, en algunos casos, la comercializaban de forma completa con establecimientos.
“Se cree que el exfuncionario mantenía contacto con el líder del grupo criminal, de apellidos Vargas Marín, a quien le informaba cuando agentes judiciales realizaban vigilancias en los sitios donde guardaban los contenedores para que no llegaran a estos lugares a sacar la mercadería; además, le habría comunicado de los seguimientos que el OIJ hacía de los miembros de la organización”, dijo la Fiscalía.
Presuntamente, Torres facilitó una cuenta bancaria de su suegro para que Vargas le depositara el dinero como pago por la venta de la información que le compartía.
En 2020, el imputado renunció a su puesto en el OIJ e ingresó como investigador en una empresa de seguridad privada que le brinda servicios a una cadena de supermercados que fue víctima de robos de contenedores, por lo que se presume, en grado de probabilidad, que el investigado podría haber reiterado su conducta de brindar información sensible a miembros del grupo criminal.
La investigación por estos hechos continúa en desarrollo, con la recolección y análisis de pruebas dentro del expediente 18-000316-0068-PE.
De acuerdo con estadísticas judiciales, en los últimos seis años de los que se tiene registro, el 2017 fue el que más acumuló casos por robo de cabezales, para un total de 155 delitos, mientras que el 2020 tuvo la cifra más baja con tan solo 91 incidentes. En ese año se conjugaron factores como la pandemia, la baja circulación de vehículos particulares y el trabajo de la Policía en carretera.