Más de ¢500 millones robados mediante estafa. Esa es la pérdida que han sufrido 180 personas que acudieron al Organismo de Investigación Judicial para presentar una denuncia porque un falso funcionario público los engañó por teléfono.
La estadística resume los casos tramitados solo en San josé entre el 1.° de enero y este 12 de mayo, según precisó el director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza Espinoza.
Por esta razón, es posible que el perjuicio patrimonial será mucho mayor, cuando se tengan los datos de denuncias y pérdidas en el resto del país.
El timo del falso empleado público ha venido puliéndose en estos meses y ahora los estafadores hasta aprovechan la pandemia por covid-19 para justificar las llamadas y los trámites por vía telefónica.
Eso sí, el mensaje no ha cambiado. Un individuo, que se hace pasar, por lo general, por empleado de Ministerio Hacienda, llama a la víctima y le indica que en los últimos meses le han cobrado un monto excesivo por concepto de impuesto de la renta y que, por lo tanto, deben hacerle una devolución.
Para ello, engañan al trabajador y le dicen que, para su seguridad, no debe divulgar ningún dato privado, sino que lo van a guiar para que abra un formulario en Internet y llene por su cuenta los espacios en blanco.
Sin embargo, ese formulario es monitoreado en tiempo real por otros cómplices del estafador, para copiar números y claves de cuentas de banco y cometer la estafa en tiempo real.
Otra variante de esta estafa es que el falso funcionario público le hace creer al trabajador que lo van a ayudar con la creación de su firma digital.
El perfil de los afectados, agregó Espinoza, corresponde, fundamentalmente, a trabajadores públicos y empresarios.
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En conferencia de prensa, el jerarca reiteró que la mayoría de estos crímenes se cometen desde la cárcel; no obstante, no descarta que personas con experiencia en Informática, fuera de los centros penales, colaboren en la ejecución del delito.
También reconoció que este tipo de ilícitos son difíciles de resolver. Primero porque ocurren en centros penales, donde no se puede individualizar al responsable. Además, estos grupos cambian, con muchísima frecuencia, los chips celulares para evitar ser rastreados.
El otro problema es que se trata de dinero prácticamente perdido. Los estafadores cuentan con cómplices que prestan sus cuentas bancarias para desviar los fondos; no obstante, cuando el OIJ sigue el rastro de las transacciones, el dinero ya no está.
El consejo de las autoridades va en dos vertientes: recuerde que NUNCA lo va a llamar un funcionario público para devolverle dinero, aunque la idea le resulte tentadora. Segundo, CUELGUE la llamada, no entretenga al delincuente, que podría tener datos susceptibles de usted o de sus familiares.
DISEÑO / LA NACIÓN.
Bloqueo celular atrasado
Wálter Espinoza manifestó que el apoyo de la Policía Penitenciaria es muy útil en estos casos, gracias a las requisas frecuentes en los módulos, donde se decomisan celulares y chips de líneas telefónicas.
Empero, el problema se habría reducido aún más si el Ministerio de Justicia hubiese implementado en el plazo previsto (el 11 de abril pasado) el proyecto de bloqueo celular en cárceles.
Ese despacho justificó, el mes pasado, que el plan no se pudo terminar de implementar porque, producto de la pandemia, los especialistas que venían del extranjero a revisar los avances, no pudieron ingresar al país.
El OIJ aseguró que en próximas entregas se referirán a las características y alcances de otro tipo de estafa telefónica.