Un error del Tribunal Penal de Juicio de Goicoechea elevó en dos años una condena por dos delitos de administración fraudulenta, por $1,2 millones, que se le impuso a la corredora de bolsa María Marta Silva Meneses, de 44 años.
La sentencia quedó en firme desde el 25 de octubre de año pasado; no obstante, este lunes 6 de enero el juez Jorge Tabash Forbes, en una resolución que consta en el expediente 10-000055-0621-PE, corrige la pena impuesta y la reduce.
Inicialmente, en octubre pasado, a Silva le impusieron cuatro años de prisión. Eso significaba que debía cumplir la pena en prisión. Sin embargo, luego de corregida la equivocación la pena se bajó a dos años, situación que le permite cumplir el castigo pero en libertad, bajo la modalidad de ejecución condicional de la pena.
En la resolución no se detalla qué causó el yerro judicial. Simplemente, se dice que se procedió a escuchar el audio de la audiencia en la cual se negoció la sentencia y fue cuando se detectó el vicio.
“Las partes negociaron una pena de un año de prisión para cada uno de los dos delitos acusados en contra de la encartada, penas que sumadas dan dos años de prisión, pues concurren materialmente y no como de manera equivocada se estableció en la sentencia, de dos años de prisión para cada delito para un total de cuatro años de prisión”, detalla la resolución de Tabash.
Polémico caso
María Marta Silva, una corredora de bolsa que desde el año 2009 se dedicaba a recibir dinero de inversionistas por el cual pagaba altos intereses, enfrenta dos procesos penales.
El primero se tramitó en la causa 10-000055-0621-PE es por un fraude que se estimó en $1,2 millones (¢685 millones). Por este caso es por el cual recibe la condena de dos años.
El segundo caso se lleva en la causa 15-000123-1220-PE y está pendiente de ser llevado a juicio. Se estima que se trata de otro fraude de $32 millones (¢18.270 millones). Por este segundo proceso penal fue detenida el 2 de diciembre del 2016 y desde aquel momento guardó prisión preventiva.
El 2 de diciembre pasado se venció el plazo máximo en el que una persona indiciada puede permanecer detenida, que es de 36 meses, por lo cual se ordenó ponerla en libertad por esa causa.
En nuestro país la prisión preventiva descontada por una causa penal no puede ser tomada en cuenta en otro proceso penal. Cada uno es independiente.
En aquel momento se tenía por cierto que Silva debía descontar la pena de cuatro años que había quedado en firme desde el 25 de octubre.
Empero, aunque hubo varias comunicaciones de los despachos judiciales al centro penitenciario Vilma Curling, en San Rafael Arriba de Desamparados, comunicando sobre la sentencia pendiente, la mujer fue excarcelada en condiciones confusas.
El hecho generó que el Ministerio Público abriera una investigación que se tramita contra ignorado.
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El juez Jorge Tabash, en una nueva resolución emitida este martes 7 de enero, adicionó al documento emitido el lunes nuevos razonamientos.
Entre ellos precisó: “por reunir la sentenciada los requisitos legales, se le reconoce el beneficio de ejecución de la pena por el periodo de prueba de tres años, plazo dentro del cual no deberá cometer nuevo delito doloso sancionado con pena superior a los seis meses de prisión. Caso contrario se revocará este beneficio y deberá cumplir la pena aquí impuesta, más la que vaya imponerse en el otro proceso”.
Mauricio Brenes Loáciga, defensor de Silva, dijo que finalmente los tribunales de justicia reconocieron lo que se había alegado.
“Ha habido una persecución innecesaria. Lo que había era un error del tribunal. Esto tiene mucha trascendencia porque significa que se esta siguiendo una causa penal contra la directora penal de la cárcel innecesariamente, porque realmente nunca hubo nada anormal”, agregó.