El 13 de agosto de 2019 un sujeto de apellidos Perlaza Varela, quien supuestamente forma parte del peligroso clan narco Los Lara, logró escapar del Juzgado de Hatillo, en donde estaba siendo indagado por la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de drogas.

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Segundos después de la fuga, los dos custodios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que se encontraban en el despacho judicial, salieron corriendo del edificio en búsqueda del joven, de 25 años. Sin embargo, el rastreo fue infructuoso.

A los agentes se les abrió una causa interna para indagar si existió negligencia por parte de ellos; no obstante, el Tribunal de Inspección Judicial los exculpó de toda responsabilidad.

A su criterio, lo que hubo fue un “error” de la jefatura de la Sección de Cárceles de la Policía Judicial, al asignar poco personal para dar contención a este reconocido imputado.

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Lo anterior quedó escrito en la resolución 03218 - 2020, del 8 de octubre del año pasado, pero que se conoce hasta ahora. La identidad de los funcionarios no trascendió.

En dicho fallo se hace una recopilación de lo ocurrido y, según las defensoras públicas de los custodios investigados, no se cumplió con el Manual de Procedimientos para la Contención, Conducción e Intervenciones Corporales de Detenidos, el cual indica que por cada detenido, deben estar, como mínimo, dos agentes.

Eso sí, la asignación del personal recae en la jefatura, por lo que los agentes solo deben acatar lo dispuesto por su superior.

El día de los hechos, indicaron las abogadas, en el Juzgado de Hatillo habían dos detenidos y solo dos custodios, por lo que desde ahí se daba una “inferioridad numérica”.

“El riesgo de que algo como lo aquí investigado suceda es latente y sus consecuencias deben ser asumidas por las Jefaturas y no por la parte más frágil: el custodio, quien realiza el trabajo lo mejor que puede a pesar de las circunstancias y del peligro que él personalmente corre”, dijo Alejandra Quesada, defensora de uno de los funcionarios investigados.

Según señalaron los inspectores judiciales María Mora, Ericka Quesada y Christian Hernández: “Lo ocurrido se debió a un error en la coordinación de la Sección de Cárceles al enviar solamente dos custodios para atender una diligencia con dos personas detenidas y con trámites diversos”.

Por lo anterior, libraron de toda responsabilidad a los agentes, porque consideraron que no actuaron de manera ni dolosa ni con culpa grave. Además, el fugado se entregó 17 días después a las autoridades, evitando así un “perjuicio grave” en la administración de justicia.

Actualmente, descuenta prisión preventiva en la cárcel de San Sebastián.

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La Inspección también aprovechó la ocasión para recomendar a la jefatura de esa sección de San José “establecer un protocolo a fin de que se tomen las medidas necesarias para que la custodia de los imputados cuente con al menos el mínimo de custodios para la debida contención de la persona detenida”.

Sin alerta de peligrosidad

Otros dos puntos que hicieron notar las defensoras Marianela Díaz y Alejandra Quesada fue que los custodios desconocían el nivel de peligrosidad del imputado.

Según expusieron en sus argumentos, pese a que el Ministerio Público conocía “perfectamente” las características de Perlaza, “no alertó sobre la peligrosidad del detenido a la Sección de Cárceles”.

Pero la queja de las abogadas no terminó ahí, sino que, aseguraron que pese al perfil del sujeto, la Fiscalía solicitó realizar la audiencia en ese Juzgado de Hatillo, sin tomar en cuenta que es un “espacio no habilitado para este tipo de diligencias”.

Sobre este último asunto, Díaz y Quesada trajeron al presente lo dicho por testigos de la causa, quienes indicaron que ese despacho “está muy expuesto, está a escasos metros de la calle y al costado sur pasa la carretera de Circunvalación, afluencia de vehículos y precarios”.

Aunado a que su ubicación es poco favorable, las defensoras dejaron ver también que otro aspecto que influyó en la fuga del sospechoso es que el oficial de seguridad del Juzgado no estaba en su lugar de trabajo.

Este punto toma relevancia sobre todo porque el mismo guarda conocía que el portón estaba dañado. “De haberse encontrado él realizando su trabajo como le corresponde, el detenido no hubiera podido abrir la puerta de acceso del Juzgado y no hubiera escapado”, concluyeron las abogadas.

Fuga, entrega y ahora juicio

Un video que circuló poco después del hecho mostró como el sospechoso salió corriendo del Juzgado y segundos después los agentes judiciales que estaban a cargo de su custodia salieron del despacho judicial.

Trascendió que al sujeto lo esperaba un vehículo liviano, marca Toyota, cerca del edificio judicial, el cual fue abandonado en barrio González Lahmann, en San José. No obstante, dentro de este ya no se encontraba el muchacho.

Por ello se desplegó un operativo policial en la zona; sin embargo, no se dio con el rastro de Perlaza, quien formaría parte del grupo narco denominado Los Lara, desarticulado en diciembre del 2018 luego de 25 allanamientos.

17 días después, él se entregó y desde ese momento permanece en prisión preventiva.

El pasado jueves 29 de abril, el Juzgado Penal de Hatillo ordenó la elevación a juicio de este caso en el que Perlaza y otros 15 sujetos son sospechosos de conformar una violenta organización criminal que se dedicó a traficar drogas entre mayo del 2017 y diciembre del 2018.

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Según la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, centraron su actividad en el sector sur de San José, fundamentalmente en Cristo Rey, Sagrada Familia, Hatillo y el cantón de Alajuelita. Luego extendieron las operaciones a Santa Ana (oeste de San José) y Garabito en Puntarenas.

Para la Fiscalía, el grupo tenía una estructura jerárquica bien definida pues contaba con “la participación de transportistas, encargados de la custodia, almacenaje, dosificación, vendedores terminales y encargados de los dineros.

“El grupo ejecutaba las acciones que fueran necesarias para defender sus plazas de venta de drogas, respecto de otras organizaciones delictivas, por lo cual tenían vigilancia y control permanente de los sectores, empleando armas de fuego de diversos calibres para tales propósitos.

“Tiene una organización interna, gracias a la cual cada uno de sus miembros ejecutaba diversos roles, entre los cuales se citan la custodia de la droga, la distribución y transporte de la misma a los puntos de venta, el traslado de los dineros producto de las ganancias de la venta de drogas, que eran empleados en la adquisición de bienes inmuebles y muebles, como prendas de oro”.