Desde enero del 2021 y hasta mayo del 2023, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendió 31 denuncias de víctimas de cobro extorsivo tipo “peaje”. Se trata de personas que deben pagar un monto mensual en su barrio o en su comercio para que delincuentes o grupos criminales organizados no le hagan daño al negocio o a su familia.
En el 2021 hubo 12 casos, el año pasado 9 y en solo los primeros cuatro meses del 2023 se registraron 10 denuncias, lo que evidencia el crecimiento en este tipo de delito, ya que el año podría cerrar con una cifra mayor a los anteriores. Enero y agosto son los meses con más denuncias, las cuales ocurren principalmente en San José y Cartago. Los distritos de Río Azul de La Unión, Tirrases de Curridabat y Pavas de San José son los que concentran, hasta el momento, la mayoría de casos.
Hace un mes, La Nación reveló la historia de un padre de familia que es víctima de este tipo de criminalidad. Sin embargo, él decidió no denunciar por temor a que los delincuentes se enteren y que la situación que vive empeore. Su caso no figura en las estadísticas... es como si no existiera.
Randall Zúñiga López, director a. i. del OIJ, reconoce que podría existir una cifra fantasma de casos que no se denuncian por temor; no obstante, defiende la hipótesis de que, con 31 casos en 28 meses, el cobro extorsivo es un fenómeno que afecta a “pocas personas” y que en realidad estos expedientes se resuelven bien.
“Si (las estadísticas) reflejan o no la realidad, estos son los datos que tenemos, no existe un delito que no tenga cifra oculta (...) Siempre hay un factor de cifra oculta asociado a esto, la realidad es que tenemos 10 casos en promedio al año y no se ha movido de eso, no hay pico”, dijo el jerarca, al mismo tiempo que aceptó que en 2023 podría aumentar la cifra porque ya se llegó a 10 casos y aún faltan cinco meses para que finalice el año.
Zúñiga también alegó que la entidad no puede actuar de oficio cuando no hay denuncias. “El OIJ tiene las posibilidades de investigación bastante limitadas y nosotros ya tenemos bastante trabajo en lo que es narcotráfico y homicidios (...) dar algún otro tipo de contención o ir a las zonas a buscar este delito pues nos queda bastante complicado. Cuando hemos encontrado la situación la hemos intervenido directamente, pero nuestros recursos son muy limitados”, aseveró.
Jerarca duda de filtraciones
Otro aspecto que se le compartió al director del OIJ es que las víctimas que hablaron con este diario para un reciente reportaje sobre el tema, afirmaron que no presentaban denuncias por la situación porque conocían en carne propia casos de personas que pusieron la queja de forma anónima y días después los delincuentes los amenazaron para que retiraran la denuncia.
“Si uno llama a la Policía, más bien es peor. Un vecino denunció y a los 3 días lo llamaron a decirle que si no quitaba la denuncia, le iba a ir feo. Hasta balean las casas o les tiran piedras. La situación es incómoda, pero uno no puede acudir a la Policía, jamás, ni se puede quejar. Si yo tuviera para dónde irme, hace tiempo me hubiera ido de ahí, pero no tengo”, contó un afectado.
¿Cómo puede ocurrir una filtración de este tipo en que un criminal se de cuenta apenas días después de que pusieron una denuncia anónima en su contra?, se le consultó a Zúñiga, a lo que se mostró escéptico y desestimó que esto sucediera.
“No vería cómo (ocurre) porque nosotros manejamos un hermetismo en cuanto a la información. Una persona aquí pone la denuncia ante un operario que la toma y esa denuncia, sin que se sepan los datos y calidades de la persona, es remitida a la oficina que corresponda y allí se le asigna un investigador que es el único que tiene acceso a la información de la persona.
“Me cuesta creer (que eso pase). Podría darse alguna filtración en algún caso, no es infalible, pero como que sea algo sistemático o que la gente se de cuenta de esto pues...”, respondió el director, al alegar que lo que podría suceder es que los criminales le digan a las víctimas que saben de una denuncia en su contra solo para asustarlas, aunque no sea verdad.
Discrepancias entre autoridades
De acuerdo con el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, existe evidencia suficiente para afirmar que el delito del cobro extorsivo tipo “peaje” es cometido principalmente por el crimen organizado, como una forma de poner bajo el zapato a los ciudadanos e imponer su ley en varias comunidades del territorio nacional, especialmente en San José.
No obstante, Randall Zúñiga dice que las personas que han logrado detener por este delito en los últimos tres años han sido individuos que solo han simulado ser del crimen organizado.
“El fenómeno que hemos visualizado es que personas, aprovechándose de alguna situación en particular con obvias malas intenciones, se hacen pasar de que forman parte de grupos criminales fuertes y extorsionan de alguna forma, con amenazas o generando miedo, a las personas para cobrarles dinero; como se dice, asustando con la chaqueta del muerto. Los casos que hemos podido resolver no tienen una correlación entre sí, no hay un grupo organizado que esté detrás”, comentó el jerarca.
La respuesta de Zúñiga no empata con la de Zamora, ya que este último fue enfático en que el trabajo de campo policial ha permitido identificar que los cobros de “peaje” son una de las principales estrategias del crimen organizado actualmente. De hecho, explicó que siempre han existido pero ahora se han sistematizado y se ejercen con más profesionalismo.
“Es un fenómeno que va aparejado a las zonas donde los grupos de narcotráfico ejercen control. Lo tenemos identificado en barrios del sur de San José, donde los sujetos cobran para ingresar allí. Es un elemento que indica gobernanza criminal sobre territorios. Es el fenómeno al que he venido yo haciendo mención, de la ‘mexicanización’ de la delincuencia en Costa Rica. Que donde ellos (los criminales) operan, imponen un estado de excepción”, describió el ministro respecto al fenómeno en el país.
Incluso el propio fiscal de Hatillo, Randall González, argumentó que el hecho de que muchos cobradores sean adolescentes refleja que se trata de una estrategia del crimen organizado, porque sabe que puede aprovechar la flexibilidad que tienen los menores de 18 años ante la ley en el país, además de que ejercen un alto grado de violencia innecesario sobre las víctimas.
“Meter preso a un menor de edad por estas circunstancias es muy, muy difícil porque, por la misma ley, hay que socializarlos y darles oportunidades de que puedan cambiar. Entonces, el crimen organizado utiliza a los menores por esto, amén de que, eventualmente, en una pena, saldrían más rápido de la cárcel”, explicó el profesional, en relación al modus operandi del delito.