Cuando un reo enfermo acude al consultorio médico de la cárcel, la atención que recibe es deficiente porque el doctor a cargo no tiene acceso a su expediente digital y por ende desconoce su historial clínico. En otras palabras, el galeno tiene que comenzar desde cero, a expensas de que algún padecimiento o alergia importante del paciente se quede por fuera de su conocimiento. Y con eso, la recuperación del recluso será más lenta.
Ese es uno de los hallazgos que sobresale en el informe N.° DFOE-GOB-IF-00005-2021 de la Contraloría General de la República (CGR), dado a conocer este jueves. En ese documento, la entidad mostró los resultados de una observación que hizo en 16 de las 21 prisiones entre el 1.° de enero de 2020 al 15 de agosto de 2021. Como conclusión general, la CGR es clara en afirmar que el sistema penitenciario no garantiza a su población el derecho fundamental a la salud.
De los puntos más críticos es que los profesionales de Salud que trabajan en los centros penales no tienen acceso al Expediente Digital Único de Salud (EDUS), con excepción de quienes trabajan en la clínica de La Reforma. Además, las atenciones médicas brindadas en las cárceles constan en viejos, desordenados y apilados expedientes físicos que no salen de los consultorios. Es decir, no hay un cruce de información. “Esto representa una desconexión de los sistemas de información utilizados y la ausencia de una perspectiva integrada para asegurar cohesión y continuidad en las acciones de salud”, recalca la CGR.
| Otros hallazgos |
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| En 9 de 16 cárceles hay menos cantidad de camarotes con relación a la población que hay. Al 4 de agosto pasado, 1.453 (10,5% del total) reclusos carecían de una cama para dormir. En su lugar, debían poner su colchoneta sobre el piso. |
| En 6 de las 16 prisiones no hay mecanismos que definan y garanticen la limpieza de los ámbitos, dormitorios o celdas. |
| En seis centros penales, las cocinas no están en buen estado de funcionamiento. |
| En cuatro cárceles no hay espacios para que la población privada de libertad pueda ingerir sus alimentos. |
| Ocho consultorios de prisiones carecen del certificado de habilitación para servicios de salud (de esos centros, dos se encuentran en proceso de renovación del respectivo certificado). Esto plantea el riesgo de que los consultorios médicos no cuenten con las condiciones básicas para la atención médica de las personas privadas de libertad |
Agrega que la forma en la que la administración penitenciaria ha intentado paliar esa desinformación es por medio del sistema de referencia y contrarreferencia. “Sin embargo, dicho mecanismo tiene limitaciones para acceder a datos del historial médico que son relevantes para las atenciones, tales como procedimientos médicos, resultados de laboratorio, rayos X, interconsultas, referencias de consulta externa, entre otros”, insistió la Contraloría, al tiempo en el que dijo que los reos ven vulnerados sus derechos al no tener acceso al EDUS.
Por ello, entre las disposiciones finales la CGR indicó que se debe definir alguna acción que permita establecer una conexión real entre la información médica extraída por parte de Justicia y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). “Para ello, se debe valorar la utilización del EDUS como plataforma para unificar la gestión de la información médica de la población penal, en cuyo caso se debe considerar, de manera concertada, a la CCSS como uno de los responsables en la ejecución de las acciones”, apuntó la entidad, al tiempo en el que indicó que el plazo máximo para informar sobre su implementación es en marzo del 2023.
Fiorella Salazar, ministra de Justicia, indicó que la auditoría de la CGR viene a mostrar opciones de mejora en ámbitos en los cuales “hemos venido trabajando”; sin embargo, no brindó mayores ejemplos. Solo se limitó a decir que, como parte de esa labor, impulsan “desde hace un tiempo” el uso del EDUS en las prisiones.